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viernes, 30 de noviembre de 2012

Una primera lectura del 25N (desde Madrid)


El autor defiende, en un artículo escrito antes de la investigación por corrupción abierta contra el PSC, que el resultado de las autonómicas catalanas acelera la crisis política del Estado español

Íñigo Errejón*


27/11/2012

Los resultados de las elecciones al Parlament de Catalunya del pasado 25 de noviembre están aún sometidos a una intensa disputa por su interpretación. Estos comicios, y el escenario que arrojan, son tan apasionantes como complejos, y deben ser leídos atendiendo a las diferencias sustanciales del sistema de partidos catalán y la cultura política sobre la que se asienta. Este artículo se centra en uno de los enfoques posibles: el escenario postelectoral catalán en el contexto de la crisis política en el Estado español. 

Estas elecciones llegaban marcadas por una dinámica casi plebiscitaria, en la que la cuestión nacional y el derecho a decidir marcaban el eje principal, pero no el único, de las lealtades políticas. Esto ha ocasionado no pocas confusiones o simplificaciones entre las gentes de izquierdas que, desde fuera de Catalunya, veían un masivo ejercicio de manipulación –“tijeras que se envuelven en banderas”– en en el crecimiento de las tensiones nacionales. Considero sin embargo que, contra las visiones esencialistas, es más útil entender el soberanismo catalán como un espacio político no secundario sino principal para una mayoría de la ciudadanía, por tanto con efectos reales y no ’ficticios’, en auge y en disputa entre fuerzas extremadamente diversas, incluso antagónicas, antes que como un ’velo’ que oculta los verdaderos intereses de los sujetos sociales, que antecederían a su conformación como actores. El proceso político abierto en Catalunya, constituyente en un sentido, y el decantamiento de una mayoría en favor de la activación del derecho a la autodeterminación no puede ser, ni por su genealogía ni por sus dimensiones o heterogeneidad, obra de ningún “empresario político” ávido de exaltar sentimientos primarios en las masas para conservar el poder. Esta estrategia puede darse, pero es subalterna de un fenómeno político más grande y de más largo recorrido, que supera los intentos de monopolizarlo electoralmente. Por si acaso, la atribución de un contenido intrínsecamente conservador a todo nacionalismo/independentismo –o politización de un sentimiento de pertenencia nacional– es empíricamente insostenible con una rápida mirada histórica y geográfica. Es además políticamente estéril, pues no comprende la contingencia que preside la construcción de identidades políticas, y olvida hasta qué punto las identidades nacionales son susceptibles de articularse con las más diversas ideologías.

Las fronteras de la austeridad y del derecho a decidir

En cuanto a los resultados, hay dos datos cruciales, evidentes e inmediatos: Convergencia i Unió ha fracasado en su intento de hegemonizar el campo político dibujado por la frontera del “dret a decidir”, aunque sigue siendo el principal partido de Catalunya, ganando en todas las comarcas menos una. Y el Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE ha perdido la posición de segunda fuerza política en escaños –aun siendo ligeramente superior en votos– en favor de Esquerra Republicana de Catalunya, que previsiblemente se beneficia de los votos en fuga de CIU, gracias a su mayor decisión independentista y a su distanciamiento de los agresivos recortes del pasado Govern de Artur Mas, y resulta quizás el gran triunfador del 25N, en votos y por la posición política determinante en la que queda. La importancia de la mayoría por el derecho a decidir que se configura en el Parlament excede la aritmética: son –casi– los mismos partidos, con representación similar vis a vis el bloque constitucionalista, pero su determinación soberanista y las presiones de la sociedad civil son parte de una dinámica en ascenso y con capacidad para reconfigurar el sistema de partidos. En ese sentido, y como se trata de un campo político marcado por dos fronteras –hoy: el derecho a decidir y la austeridad– que dibujan cuatro espacios, es necesario apuntar también los reequilibrios dentro de cada bloque: el soberanismo –CIU, ERC, CUP y con más dudas ICV– bascula notablemente a la izquierda, mientras es la derecha la que gana posiciones en el espacio del constitucionalismo –PSC, PP, C´s–. El descalabro del PSC y su pérdida del simbólico segundo puesto –y el primero en el voto progresista– tienen una importancia que trasciende sin duda la política catalana: un año después de su clamorosa derrota en las elecciones generales, y tras al menos tres castigos en elecciones autonómicas, el PSOE sigue en un declive del que por ahora no parece haber tocado fondo. Es cierto que su tibio federalismo ad hoc parece haber sido barrido en unas elecciones de polarización nacional, pero no es menos cierto que Catalunya –y en especial Barcelona– es un espacio político sin el cual no es pensable la centralidad del PSOE como partido de Estado. No es exagerado afirmar, en cierto sentido, que la crisis del PSC es la crisis de las posibilidades de articulación autonomista.

Con CiU muy lejos de la mayoría absoluta, se abre un escenario tan difícil como apasionante, en el que la incógnita está en si el partido de Mas será capaz de practicar una geometría variable de acuerdos en el Parlament, articulando sobre el eje nacional con Esquerra y con el eje de la austeridad neoliberal con el PP. O si las tensiones entre las dos agendas y los actores llamados a servir de apoyo para cada una, harán colapsar el nuevo Gobierno y provocarán una nueva convocatoria de elecciones anticipadas. Mas llamó a los principales partidos a “un ejercicio de responsabilidad” para gobernar el mentres tant mientras se avanza en el proceso soberanista, pero ERC ya ha puesto “precio social” –no rupturista pero sí significativo– a su apoyo. No hay que perder de vista el posible papel de “garante sensato de la gobernabilidad” para el que el PSC parece ya presto a ofrecerse, en una estrategia similar a la de un PSOE que pretende recuperar un perfil central que las urnas le van arañando cita a cita.

ICV-EUiA, que sube ligeramente, ha aguantado bien la dicotomización nacional, asentándose como fuerza política progresista y favorable al derecho a decidir, con un claro espacio sociológico y electoral propio, recogiendo gran parte del voto desencantado del PSC. El Partido Popular se beneficia de su condición de bastión de la españolidad, aunque no es capaz de superar su estancamiento como fuerza subalterna en el panorama político autonómico. Ciudadanos experimenta un auge muy importante, alcanzando los 9 escaños y saliendo del área metropolitana de Barcelona; se trata sin duda de una fuerza que ha llegado para quedarse, máxime en la medida en que el avance del proceso soberanista aumente la sensación de agravio de importantes sectores de las clases trabajadoras desestructuradas castellanohablantes, pero también de un voto cívico-liberal que se pretende cosmopolita frente al ’nacionalismo’.

La Candidatura d´Unitat Popular-Alternativa d´Esquerres irrumpe con 126.000 votos y 3 diputados –todos por la circunscripción de Barcelona, pese a los buenos resultados en Girona, que se quedan a las puertas del escaño– en el Parlament, dando así el paso de su ya destacada pero desigual presencia en la política municipal a la autonómica para, en sus propias palabras, “ser el caballo de Troya de las clases populares”. CUP ganan así una visibilidad y peso que jugará un papel destacado en la conflictividad política extrainstitucional que irá in crescendo con la profundización de la crisis, tanto más cuanto mejor sepa entrelazar las reivindicaciones nacionales y sociales, postulando el interés del país con el de sus clases subalternas. Se trata de una iniciativa muy interesante que ha despertado la atención de gran parte de la izquierda y gentes que protestan, también fuera de Catalunya. La peculiar fórmula política de la CUP ha conjugado con inteligencia el músculo organizativo y la subjetividad de la izquierda independentista, condiciones necesarias pero no suficientes, con articulaciones con el variado tejido social contestatario y la adopción del lenguaje político y la centralidad de la aspiración de regeneración democrática fraguados en el 15M y las posteriores movilizaciones contra la crisis y destituyentes. No obstante, pensar esta fórmula en otros lugares de la península sacando de “la ecuación CUP” el factor de la identidad popular catalana y las posibilidades que ofrece para articulaciones amplias que trasciendan los círculos militantes; así como el de las ventanas de oportunidad específicas del más plural escenario catalán, es hacerse trampas al solitario: no hay traducción inmediata. Significativamente, las iniciativas políticas rupturistas gozan de mejor salud allí donde se desarrollan al calor de identidades colectivas territorializadas y relativamente comunitarias.

Las elecciones catalanas llegan en un momento de creciente desestructuración de un modelo político y social que se ha mantenido durante más de tres décadas en condiciones de considerable estabilidad, asegurando la integración de las naciones periféricas en el pacto autonómico y de las clases subalternas en el pacto social. La primera integración parece fracturarse hoy entre el impulso recentralizador del Partido Popular y el nacionalismo español realmente existente, y el avance cualitativo y cuantitativo del soberanismo, en el País Vasco y Catalunya en primer lugar. La segunda integración se ve amenazada por la gestión austeritaria de la crisis en clave de ofensiva oligárquica sobre el Estado social y sus agentes institucionalizados, y por el cierre del régimen que deja fuera un número creciente de sectores y demandas sociales.

Las dos fracturas, pero especialmente la nacional, han marcado estas elecciones, desgastando a los principales partidos del sistema y dibujando un escenario político más rico, más complejo y más conflictivo, en el límite del orden político de la Transición. Es bastante probable que el Govern que salga de estas elecciones no termine la legislatura, por sus dificultades para procesar al mismo tiempo el avance soberanista y la conflictividad social frente a la espiral deuda-recortes. En ese sentido, el proceso político catalán es indisociable de la crisis política del Estado español.

http://diagonalperiodico.net/Una-primera-lectura-del-25N-desde.html

* Íñigo Errejón Galván es doctor e investigador en Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

El mito de la eficacia de lo privado


El proyecto neoliberal de privatización de lo público se sustenta en razones puramente ideológicas

Juan Manuel Aragüés Estragués*

El Periódico de Aragón

20/11/2012

Las relaciones de poder se sustentan sobre mitos que las clases dominantes presentan ante la sociedad como si de evidencias contrastadas se tratase. Ese trabajo ideológico, si es eficaz, cuestión de la que se ocupan los enormes recursos de creación de opinión de que dispone el poder contemporáneo, consigue, como efecto político, la aceptación social de una visión del mundo beneficiosa para quienes detentan el poder.

Desde que el neoliberalismo comienza a asentarse políticamente en nuestro país, de la mano de los gobiernos de Felipe González, sus esfuerzos por construir toda una mitología favorable a sus intereses ha sido constante. Y dentro de ese universo mitológico, ocupa un lugar destacado la pretensión de las bondades de la gestión privada frente a la ineficacia, anquilosamiento, y dispendio que supone la gestión pública. Este planteamiento resulta coherente con una ideología cuyo objetivo es el desmantelamiento del sector público para hacerlo pasar a manos privadas. Si dicho proceso se llevara a cabo sin una justificación ideológica, encontraría tremendas resistencias. Ahora bien, si previamente se ha construido un imaginario social favorable --y ahí las estrategias goebelsianas de repetir una mentira mil veces para convertirla en verdad resultan muy convenientes--, es más fácil llevar a cabo el proceso. Si has convencido a la población de que las empresas públicas son ineficaces y de que su gestión es un lastre para la sociedad, no cabe duda de que será más sencillo pasarlas a manos privadas.

Desde que el PSOE de González comenzara el proceso privatizador en España, hemos visto cómo empresas de sectores estratégicos de la economía, de la energía, de las telecomunicaciones, de las finanzas, han pasado a manos privadas. Grandes empresas que gozaban de buen estado de salud, como Telefónica, Endesa, Repsol, entre muchas otras, han sido privatizadas. El mismo camino lleva Renfe. Y lo mismo se pretende con la sanidad y la educación.

El neoliberalismo, como ideología dominante en la Unión Europea, ha querido acabar con los monopolios estatales en los sectores estratégicos. Es lo que llaman libertad de mercado que, según nos cuentan los mitos neoliberales, es un instrumento para beneficiar al consumidor, pues, al haber competencia entre las empresas, estas ajustarán sus precios y mejorarán sus servicios. Frente a los mitos, los cuentos, las falsedades, la realidad nos dice que ni los servicios mejoran ni los precios se ajustan. Más bien al contrario, los precios suben incesantemente mientras los servicios se deterioran de manera escandalosa. ¿Qué me dicen de esos apagones que se produjeron en Cataluña por culpa de una red eléctrica obsoleta? ¿Qué de unos servicios de telefonía que tienen a los usuarios hasta más arriba de la coronilla? ¿Y qué me dicen de esa sensación de impotencia cuando intentas darte de baja de un servicio abiertamente fraudulento? La privatización de los sectores estratégicos de la economía, además de una irresponsabilidad por parte de los gobiernos, supone someterlos a una gestión solo atenta al beneficio y no al servicio.

Por eso, cuando ahora vemos que vienen, insaciables, a por la sanidad y la educación, no queda otra que ponerse a temblar. La sanidad y la educación públicas vienen mostrando, desde hace décadas, su superioridad con respecto a las privadas. La sanidad, además de por su gratuidad y por una atención de calidad, por disponer de unos medios inalcanzables para la sanidad privada. Privatizar la sanidad va a suponer, además de dejar a mucha gente desprovista de atención, una igualación a la baja con el sector privado. El resultado será una sanidad mala y de pago. La educación pública no resiste la comparación con la privada. A pesar de que en este país, como consecuencia de la desatención del franquismo a la educación pública, persiste una fascinación hacia la educación "de pago", los centros públicos cuentan, a diferencia de los privados, con profesionales especialistas en las materias que imparten y con un régimen laboral y unas condiciones de aula, hasta ahora, que les permiten desarrollar su labor con notable eficacia. A pesar del celofán con el que se la envuelve, la privada, y la concertada, claro, poseen un nivel de calidad docente inferior al de la pública, derivado de unas exigencias laborales a sus profesionales que excede el campo de su especialidad. A ello hay que sumar que el filtro de la pública a la hora de la contratación es tremendamente exigente. Su erosión, nuevamente, nos llevará a una igualación a la baja con la privada y concertada.

En resumidas cuentas, el proyecto neoliberal de privatización de lo público no se sustenta en razones de gestión, o de eficacia, o económicas, sino puramente ideológicas. De lo que se trata es de pasar el negocio a manos privadas, aunque sea a costa de deteriorarlo hasta extremos tremendamente preocupantes. Y en los casos que se nos vienen encima, no se trata, con ser importante, de la calidad del servicio telefónico, o de la tarifa del gas. De lo que hablamos es de la salud y de la formación del futuro. Cosas demasiado serias para dejarlas al negocio de unos pocos.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/el-mito-de-eficacia-de-lo-privado_807862.html

Juan Manuel Aragüés Estragués es profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Fue secretario general del Partido Comunista de Aragón entre 1993 y 1999. En la actualidad, es responsable de las Mesas de Convergencia de Aragón.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Antonio Ferrero: Compañero del alma, compañero


Rafael Calero Palma*


23/11/2012

Compañero del alma, compañero



Hay noticias que uno jamás debería recibir. Hay noticias que uno jamás debería de dar. Esas noticias son las que tienen que ver con la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Hace unos días, recibí la terrible noticia de la muerte de una gran persona, de un gran hombre, y sobre todo, de un gran amigo: Antonio Ferrero Fort**. 

Antonio murió el pasado 10 de noviembre, víctima de un cáncer galopante, terrible y asesino. Un cáncer que no le ha dado tregua y le ha arrancado la vida con una rapidez fulgurante. 

Antonio Ferrero era, como ya he escrito más arriba, un hombre extraordinario. Si estás leyendo estas palabras y tuviste la suerte de conocerlo, de tratarlo, de compartir su amistad, ya sabes que todo lo que yo pueda decir, no servirá para hacerle justicia. Antonio fue un militante convencido, coherente hasta el último aliento, un ser humano bondadoso, de una sensibilidad extraordinaria, al que le encantaba hablar de libros, de cine, de música. Antonio amaba las cosas sencillas, y era mucho más feliz contemplando una puesta de sol o un árbol magnífico que poseyendo riquezas. Durante gran parte de su vida militó en el PCE, por el lado político, y en USTEA, por el sindical. Era un hombre de unas profundas convicciones pacifistas, un comunista que amaba Andalucía y un andaluz comprometido con la lucha de todos y cada uno de los pueblos oprimidos del mundo: desde Cuba a Palestina, desde el pueblo saharaui a Nicaragua. Antonio, qué duda cabe, fue un maestro dentro y fuera de las aulas. 

Yo tuve la suerte de conocerlo, de compartir con él algunos buenos momentos de camaradería, algún vaso de vino, algunas buenas conversaciones sobre Miguel Hernández, al que veneraba; sobre flamenco, sobre música clásica. Me dio a leer algunos de los poemas que había escrito. Y yo le di los míos. Lo conocí en Válor, el pequeño pueblo alpujarreño donde vivía y donde había trabajado como maestro, una tarde otoñal de hace ya bastante tiempo. Mi primera impresión fue que estaba ante una persona de mucha valía y mi intuición no me falló. Durante estos últimos años, nos hemos ido viendo de manera esporádica, siempre en movidas reivindicativas, en manifestaciones antifascistas o en huelgas generales. Porque Antonio siempre estaba donde tenía que estar, porque su compromiso con los más desfavorecidos no le permitía actuar de otra manera. Porque Antonio no era de los que miraban para otro lado, sino de los que tomaban partido, como cantó el poeta Gabriel Celaya, partido hasta mancharse.   

Escribió el filósofo francés Joseph Joubert: Hay que morir inspirando amor (si se puede). Comparto totalmente este pensamiento. Y sé positivamente que así ha muerto Antonio Ferrero, inspirando amor entre sus familiares, entre sus amigos, entre sus camaradas. Hoy, cuando escribo esto, mis sentimientos son ambivalentes: Por un lado, siento una profunda tristeza porque ha muerto un ser humano maravilloso; por otra parte, siento una felicidad extraordinaria porque ese hombre me honró con su amistad, porque tuve la suerte de compartir con él algunos momentos (muchos menos de los que yo hubiese querido) de alegría, de lucha, de vida. 

Que todo el mundo se entere. Ha muerto Antonio Ferrero. Su recuerdo, su risa, su ejemplo sigue vivo entre nosotros. Hasta siempre, compañero. 


* Rafael Calero Palma es doctor en Filología Inglesa y poeta.

** Desde la Junta Directiva de UCAR-Granada queremos manifestar nuestro más profundo pesar por la desaparición del inolvidable compañero y amigo Antonio Ferrero Fort (1944-2012), con el que compartimos tantas tardes de organización y debate en la extinta Coordinadora Republicana de Granada. Antonio defendió siempre la causa republicana, con ahínco y coherencia, a lo largo de su fecunda vida, ya fuera a través de la militancia de base en el FRAP, el PCE o USTEA, o en sus últimas responsabilidades, como presidente de la Asociación por la Verdad, Justicia y Reparación de Granada, y vicepresidente del Ateneo Republicano de la Alpujarra. Nunca olvidaremos su ejemplo.

sábado, 24 de noviembre de 2012

Una nueva España que supere el fracaso de la Transición


Emilio Suñé Llinás*

El Confidencial

21/11/2012

En los días en que estas líneas se escriben, el presidente de la Generalitat de Catalunya está planteando abiertamente la autodeterminación de dicha autonomía y, a fin de cuentas, su secesión del resto de España. El que suscribe, ante los perennes vaivenes de España y el claro fracaso de la Transición, ya no sabe siquiera qué decir. Por una parte, regresar a los viejos reinos medievales, aunque sea con otra forma política, no parece, ni mucho menos racional; pero, por otra, la Historia de España es la historia de un fracaso colectivo. Con el naufragio de la Transición, un decorado de democracia hasta hace poco tan admirado en todo el mundo, sólo hemos entrado en la enésima decepción. ¿Acaso no estamos diciendo muchos españoles, cansados ya de tanta frustración, que si pudiéramos nos iríamos? ¿De qué nos extrañamos, pues?

No hace mucho, en el Proemio del número 1 de la Revista Nueva Ilustración, recientemente publicado por la Escuela Libre de Derecho de México, decía el que suscribe: Hace unos meses participé en la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibersitatea) en el Tribunal examinador de la Tesis Doctoral del dominicano Julio Minaya: “Pedro Bonó y su aporte a la emancipación cultural dominicana”, dirigida por Fco. Javier Caballero Harriet. Una de las ideas-fuerza del pensamiento de Bonó que se ponían de manifiesto en la tesis era la de “emancipación cultural”; es decir, que mucho más allá de la soberanía política, lo que debían conseguir los nuevos estados independientes era un cambio cultural que les permitiera desembarazarse de nefastos atavismos hispánicos como la tendencia al despotismo, las profundas deficiencias del sistema educativo, la pereza, la falta de espíritu emprendedor, el burocratismo, la arbitrariedad, etc. Ello me hizo reflexionar sobre unos males que siguen presentes en el núcleo de las Españas, es decir, en la propia España y me pregunté en voz alta, hasta qué punto no es “España la última colonia del imperio”, necesitada como todas las demás de una emancipación cultural, y, a fin de cuentas, “si lo que realmente necesita España no será emanciparse de sí misma”.

Estos atavismos hispánicos (¡cuánta razón tenía Bonó!) son los que pesan como una losa sobre España y la hispanidad. Tengámoslo claro: el problema de fondo de España y de las Españas es cultural y contra eso poco podemos hacer que no empiece por emanciparnos de nosotros mismos. Por ello, cuando se adoptan iniciativas tan poco acordes con el seny catalán, como las del señor Mas, lo que aflora son precisamente los atavismos hispánicos de los que -como decía Bonó- habría que desprenderse. En el fondo esta forma de proceder tan racial, pone de manifiesto todo lo contrario de lo que se pretende. Con este tipo de actitudes lo que se demuestra es precisamente que Cataluña ES España.

Es muy triste ver cómo durante años, los políticos de uno y otro signo han manipulado sistemáticamente a su clientela: el PP con un nacionalismo español trasnochado ha contribuido a crear o mantener un sentimiento anticatalán en su electorado, mientras que los partidos nacionalistas han fomentado el sentimiento antiespañol y el PSOE, con su proverbial oportunismo, en la procesión y repicando. Así, a fuerza de cultivar la clientela de cada uno y el desconocimiento recíproco, han acabado profundizando en una fractura, si no creándola, que se supone el Estado de las Autonomías debiera haber contribuido a resolver. Y pudo haberlo hecho, si hubiera existido un mínimo de patriotismo por parte de todos, lealtad y hasta sentido común.

El daño ya está hecho y lo cierto es que, en las actuales circunstancias, puede suceder cualquier cosa. En el mundo de hoy, por fortuna, el empleo de la violencia para resolver problemas políticos es algo que acaba no dando resultado, ni siquiera en Libia. Es decir, que no es improbable que si Cataluña quiere irse, pueda hacerlo. El problema es que cuartear y hasta descuartizar España sigue sin ser una buena idea. El sentido común dice que hay que entenderse, vivir y trabajar juntos, desde el respeto a la diversidad, y lo que hemos hecho es justo lo contrario. No sé lo que nos deparará el destino, pero la fractura que se ha creado no va a ser fácil de resolver.

Lo grave es que habría que emprender justo el camino contrario, el de la reunificación ibérica, a través de una federación con Portugal, que ya nada tiene que temer de España y sería la forma de ser alguien en Europa, para lo que todo peso específico es poco. Si la Federación Ibérica no tendría inicialmente tamaño crítico para estar al nivel de Francia, aunque podría aspirar a ello, ¿a qué nivel estarían la Cataluña independiente o la nueva Castilla que surgirían de la fragmentación de España?, por no hablar de un minúsculo País Vasco seccionado internamente en otras taifas denominadas territorios históricos. Y eso que dejo en el tintero la posibilidad de articular no ya Hispanoamérica, sino Iberoamérica (con Portugal y Brasil), una magna obra histórica de la que sin duda surgiría una potencia mundial, afortunada e inevitablemente policéntrica, que no tendría nada que ver con el pasado colonial, e incluso podría redimirlo.

En el fondo, una cuestión decimonónica, el derecho supuestamente natural de una Nación a ser Estado, se plantea como un problema convivencial del presente en España. Y ello cuando el Estado está dejando de ser el paradigma de las formas políticas, en el presente mundo globalizado. Lo más grave es que, cuando lo era, en la época de la unificación italiana, Mancini escribió sus dos conferencias sobre El principio de las nacionalidades para unir y no para separar, con la intención que rememoraba a Dante, de que una sola Italia liberara a sus fragmentos de las manos de los bárbaros. ¿Qué habremos hecho la gente sensata para merecer, en España, tal cúmulo de despropósitos, los cuales, lo reitero, no son imputables a una sola de las partes?

Estos desatinos -insisto- no reflejan sino el profundo fracaso de la España de la denominada transición democrática, que finalmente se ha quedado en transición, a secas. Se ha ido del franquismo al postfranquismo, ya que no a una Democracia plena, que es incompatible con un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, donde el diputado sabe que le debe su puesto a quien le ha puesto en la lista y no al elector, cuyo voto sólo sirve para segmentar tales listas entre los que serán diputados y los que no.

Es ya hora de iniciar un proceso constituyente que supere la transición a la democracia, para entrar de lleno en una democracia que merezca este nombre, que cierre de una vez y con carácter definitivo las heridas de la vieja España, para emprender la ilusionante aventura de una Federación Ibérica que podría permitirnos, a todos juntos, ser alguien en Europa, mientras que nuestra dimensión iberoamericana daría paso a una potencia mundial no dependiente de España, sino policéntrica, para la que se abrirían todas las puertas y se borrarían cualesquiera límites.

* Emilio Suñé Llinás es catedrático con acreditación nacional y profesor titular de Filosofía Jurídica y Política y Derecho Informático en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.


jueves, 22 de noviembre de 2012

La transición y sus remanentes franquistas (Esperpento celtíbero)


José Luis Pitarch*


19/11/2012

La famosa y glorificada “transición” -–tras la dictadura milico-fascista-clerical-bonapartista del césar marroquí— fue una “transacción”. Esto es, un “transigir, que significa “consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero”. En otros términos, fue una operación política no poco a lo “Gatopardo” de Lampedusa: aquello de “que todo cambie para que todo siga igual”.

Como en Sicilia un siglo antes, en España se cambiaba aparentemente todo, pero en realidad seguirían prósperos y campantes los francofascistas, disfrutando de mucho poder político, militar, económico, y de sus grandes rapiñas crematísticas (demasiado de lo cual continúa hoy en el sector tardo o retro-franquista del PP); más el apoyo de una Iglesia que todavía no ha pedido perdón por llevar a Franco bajo palio como la hostia santa y saludar, los obispos, con la elevación de brazo fascista. Campantes los franquistas, en resumen, y por ende controlando en buena parte el proceso transicional.

Ahí estaban, para tal control, delincuentes de lesa humanidad como Fraga (quien temía el riesgo de dar con sus huesos largos años en cárcel, o algo peor; como sucedió a sus homólogos en el resto de Europa), travestidos ahora en “padres” del nuevo orden jurídico-político democrático, acuciando a diseñar una Constitución con notables trágalas y guetos antidemocráticos. Este nuevo “orden” no incluiría el reconocimiento y rehabilitación de “los últimos soldados de la República”, nuestros guerrilleros/maquis antifascistas, en toda Europa héroes con medallas, pensiones, rangos militares, mas en nuestra esperpéntica España hoy aún bandoleros, ¡cuatro décadas después de Franco! Ni incluyó la anulación de los aberrantes juicios y sentencias franquistas, que se habían pasado el Derecho por donde no digan dueñas. Todo bajo la cabeza estatal del monarca impuesto por un “caudillo” que llegó al poder con legitimidad inferior a la de Mussolini y Hitler. Repetimos: puro esperpento. Al cual monarca corresponde, por cierto, ser supremo “árbitro y moderador” del Estado (Art. 56 de la Constitución). Arbitraje y moderación que no han impedido seamos el segundo país del mundo, sólo superado por Camboya, en siniestras fosas de la indignidad y la ignominia, todavía muchas de ellas ocultas, con cien mil españoles asesinados por el franquismo y enterrados sin nombre y sin saberse dónde.

Y, si no aceptábamos este “gatopardismo”, ¡al diablo, no habría democracia!, no se celebrarían elecciones libres, no se permitirían partidos, etc, etc. Conque ¡a transigir! Que, además, el franquismo post-Franco tenía en nómina buen lote de altos generales ansiosos de ocupar el sillón de su césar al menos unos añitos (De Santiago, Iniesta Cano, Pérez-Viñeta, García Rebull…, bastantes de ellos miembros a la vez de las dos Cámaras bastardas de la dictadura). Ustedes -–vinieron a decir el comisario del franquismo Sr. Fraga, y Gabriel Cisneros, y en parte Herrrero de Miñón— tienen que tragarse la Monarquía y el Rey del Movimiento puesto a dedo por Franco, al que ni siquiera le correspondía según leyes dinásticas. Y han de comerse que sea prácticamente imposible reformar la parte “monárquica” de la Constitución, que queda blindada en el Art. 168. Más otras trágalas, así que el Rey figure por delante de las Cortes que representan al pueblo soberano, lo que no había ocurrido en ninguna Constitución precedente: ni en la de 1.812, ni en la de 1.837, ni en la de 1.845, ni en la de 1.869, ni en la de 1.876, ni en la de la II República, ni en la de la I República (que no dio tiempo a promulgarse, pues antes la fusilaron entre los generales Pavía en Madrid y Martínez Campos en Sagunto).

¡Ah!, y nada de referéndum vinculante cuando se consulte al pueblo sobre cuestiones políticas “de especial trascendencia” (Art. 92 de la misma): esto es, se oye al pueblo, pero no se le escucha. Y, por supuesto, ningún militar vinculado a la Unión Militar Democrática (UMD) llegaría a General; sí llegarían los Blas Piñar-hijo y otros pro-golpistas del “Manifiesto de los Cien” de diciembre del 81 en apoyo de Milans del Bosch y compañía. Sirvan de muestras estos botones. (Aunque justo es añadir que la Constitución de 1.978 incluye aspectos netamente positivos, como la tabla de derechos y libertades fundamentales). Pero las graves carencias democráticas forzadas por el franquismo post-Franco, para guardarse las espaldas podridas, no promovieron un “abrazo de Vergara” en 1.975-78, ya que no lo había habido en 1.939. En su lugar, nos endosaron lo que servidor llama “la reconciliación del embudo”, con España como único país de Europa con absoluta impunidad del fascismo. Por eso es tan infame cuanto congruente que flameen por doquier símbolos, placas, nombres de calles fascistas. Entre las/los cuales siempre me ha parecido de especial escándalo la “placa a José Antonio” de la catedral de Cuenca, oliendo demasiado a coyunda de Iglesia y fascismo. Deberían aprender del noble obispo de Ciudad Real, que ha intervenido para que se retirase un estandarte fascista de una hermandad religiosa.

Pues bien, bajo tales coordenadas de “transacción” y “embudo”, ¿cómo extrañarse de los innumerables vestigios y símbolos franquistas que permanecen rampantes, en Cuenca y en toda España? No sólo las calles rotuladas con nombres de “vencedores” en la guerra fratricida (en Castellón, verbigracia, hay desde plazas a colegios públicos llamados “Serrano Suñer”, el “cuñadísimo”; imagino que la diputada, por sus grandes méritos, hija del pluri-empapelado penalmente Carlos Fabra nos dirá “¡que se jodan!”). ¿Cómo extrañarnos de que se tardase ¡tres décadas! desde la Constitución de 1.978 en promover la pacata e insuficiente Ley 52/2007 a favor de las víctimas del francofascismo, machacando a la vez al juez Garzón por ser consecuente con el Derecho y la Moral, mientras mayoría de jueces procura mirar para otro lado cuando se descubren nuevas fosas de lesa humanidad? ¿Cómo sorprendernos de tener aún un “rey soldado” --cual su abuelo y bisabuelo Alfonsos--, categoría ha tiempo abolida en los países democráticos? Igual que “gozamos” de un Concordato religioso que huele a Edad Media. O como hemos tenido hasta hoy mismo el Hospital General de Burgos (cerrado hace pocos meses por razones técnicas) con el nombre de un auténtico asesino, el general Yagüe, carnicerito de Badajoz y otros lugares; y seguimos teniendo a otro terrorista aún mayor si cabe, Queipo de Llano, enterrado a los pies de la Macarena y paseando su fajín de general genocida por las calles de Sevilla cada “semana santa”.

Podríamos seguir, decenas de páginas, con vestigios y símbolos franquistas por doquier. (Y eso sin hablar de la inmensa corrupción, en notable parte otra gran herencia franquista). Sólo citamos ya un par de colosales indecencias que ejemplifican de maravilla los “vestigios” franquistas: no existe en Valencia una calle a nombre del valenciano y gran jefe militar, ejemplo de dignidad, humildad y coherencia, el cabeza del Ejército de la República Don Vicente Rojo Lluch. Y el pueblo toledano llamado de siglos “Azaña” (probablemente derivado de “aceña” o noria), comarca de La Sagra, al que fue arrancado su nombre por los franquistas en 1.936, sustituyéndolo por el de la unidad militar que lo tomó a cuchillo, “Numancia”, nombre con el que sigue hoy (lo decía Araquistáin: “España, tierra de conquista”). ¡Loores a Pepe Bono, más de dos décadas aposentado a treinta kilómetros de “ex Azaña”, con mayoría absoluta e inmenso poder en la zona! De asco.     

martes, 20 de noviembre de 2012

Anguita y la travesía del desierto


Al hilo de la presentación de “Combates de este tiempo”



07/11/2012

Alguien recorre la geografía española repitiendo, a quien le quiera escuchar, las verdades del barquero. Con la excusa de presentar su libro “Combates de este tiempo”, va de ciudad en ciudad predicando en el desierto ante un auditorio que por lo general se sabe de memoria el meollo del sermón, pero que anda perdido, despistado, muriendo de hambre y sed en un páramo político. Julio Anguita se dirige al público con dos jarras de agua, una para calmar la sed por un instante, nada más que un instante, apenas lo que duran los aplausos, la otra es de agua fría, para echarla a la cara y obligar a despertar. Firma sus libros, recibe elogios y parabienes, pero en realidad se dedica a difundir una idea. ¿No os dais cuenta de que nos están ganando, que estamos con el lomo en la lona, a punto de perder por completo el combate?, parece que exclama. El enemigo está en pie de guerra y pelea a muerte, con todo. Y nosotros damos golpecitos sin una dirección clara, sin táctica, sin la seriedad y la concentración de esfuerzos que exige una lucha en serio en la que nos lo jugamos todo. Julio Anguita afirma que hay que hacer la huelga general, claro que sí, pero... ¿es parte de una estrategia clara de acumulación de fuerzas con un sentido? Huelga sí, pero ¿qué pasa al día siguiente? ¿Volvemos a la normalidad, queda todo reducido a los titulares de un día, de modo que el enemigo la digiere y excreta sin que tenga verdaderamente efectos contra su ofensiva brutal?

Julio Anguita explica de maravilla lo que en las calles resumimos en lemas como “no es una crisis, es una estafa”. Con sencillez, lejos de nada que recuerde a dogmatismos alejados de la escasa cultura política de la gente llana, traduce la crisis al lenguaje de la lucha de clases. Muestra qué clase de delincuentes nos atacan y extorsionan. Son culpables de alta traición, entre otras muchas cosas, porque son los manijeros de los poderes económicos, los poderes reales, y les están regalando la constitución, las leyes, el país, nuestros servicios, nuestro patrimonio público, nuestras vidas. Y aderezan el delito flagrante con una vergonzosa pátina de patriotismo. Anguita dice: “El patriotismo no puede ser el trapo bicolor y el desfile de la legión. La patria somos el pueblo, los habitantes del país, y la están vendiendo”. Debemos recuperar el auténtico valor del patriotismo, no podemos seguir regalándoles esa idea y ese sentimiento a los ladrones, a la oligarquía.

El predicador expone el proyecto del frente cívico al que, a su juicio, los militantes de izquierda y la ciudadanía en general deberían entregarse con generosidad y visión de futuro. Para Anguita, es necesario un acuerdo sobre puntos muy concretos, una especie de acuerdo de mínimos de carácter de emergencia, patriótico si se quiere, que permita concentrar las fuerzas, “hacer músculo” y planificar la batalla como es debido. Hay que renunciar, dentro del frente, a las señas de identidad ideológica para hacer viable la unión de la inmensa mayoría. No es un frente de izquierda sino un frente ciudadano sobre un puñado de ideas muy concretas que atañen al pueblo y la defensa de sus derechos e intereses más elementales. Hay que olvidarse del juego perverso de las identidades políticas, afirma una y otra vez, en buena medida refiriéndose al PSOE. ¿De qué nos sirve que alcen el puño y canten la internacional si luego enmiendan la constitución para vendernos al capital, santifican las SICAV y la evasión fiscal de los más ricos o atentan sin frenos contra los derechos de los trabajadores? ¿Qué importan las palabras, los colores, los himnos, si luego permiten a los gringos poner su escudo antimisiles en Rota y nos venden como construcción europea la destrucción de la soberanía para entregarnos desnudos a la gran banca, sobre todo la alemana, a través de todos los tratados que han ido firmando y la pleitesía que rinden de hinojos y sin vergüenza ninguna? ¿No hay más alternativa que apoyar o a unos o a otros? ¿A Anguita se le aplaude con tapones en los oídos cuando repite de mil y una maneras que lo que importa es el programa, coño, el programa?

Nuestros predicadores son recordadores. Iluminan el camino por recorrer extendiendo la mirada al pasado. La parábola de Anguita se llama Tratado de Maastrich. Ahí empezó casi todo, ahí se instauró el dogma neoliberal y la preeminencia de los intereses del capital alemán. Con la bendición de PP, PSOE, CCOO, UGT y la derecha de dentro de Izquierda Unida (más de la mitad de su grupo parlamentario de entonces, con gente como López Garrido o Almeida... y acabaron todos más o menos revolcados en el PSOE), España firmó alegremente cosas como que el banco central europeo no podría financiar directamente a los estados (irresponsables, se ve, por definición), sólo prestaría dinero en adelante a los bancos privados (un dechado de responsabilidad social y económica, se ve, por definición). A Julio Anguita le salió cara la oposición a aquella ignominia, a aquellos polvos de los que arrancaron estos lodos. Se iniciaba entonces la feroz campaña mediática que lo acabó tumbando a puñetazos en su rojo corazón. ¡No podemos olvidar!, exclama ahora, enérgico, el predicador en el desierto, porque el auditorio se comporta como si su memoria estuviera vacía, víctimas desconcertadas de un cataclismo que parece haber emergido porque sí del inframundo, sin que nada lo haya evocado y nada lo pueda parar.

El tiempo vuela y Julio Anguita ya no puede ser la cabeza visible, el candidato, la figura aglutinadora de un frente común de la ciudadanía que despierta. Como un Sócrates contemporáneo, intenta ser por lo menos la  matrona que ayude al nacimiento con urgencia de lo que necesitamos la clase trabajadora, la inmensa mayoría, el núcleo humano de la patria. Como un Moisés comunista, intenta mostrar el camino en la travesía del desierto para que podamos ir juntos y llegar a mejor tierra. Sólo que sin otro dios que una razón práctica bien armada y un profundo sentido ciudadano y democrático. Por delante, la hora de despertar del KO y recomenzar nuestra parte en el combate. Ya perdió este país la oportunidad de hacer de Anguita el primer presidente como es debido. Ahora hay que escucharle y tomar impulso para cuajar la unidad y encontrar los nuevos Julios, las nuevas Julias, que pondrán rostro a la alternativa del pueblo.


* Javier Mestre es profesor de Lengua y Literatura en el IES "Candavera" de Candeleda (Ávila). Es autor de la aclamada novela social "Komatsu PC-340" (Caballo de Troya, 2011).

domingo, 18 de noviembre de 2012

Federalismo y Constitución de 1978: juego de suma cero


Rafael Escudero Alday*


17/11/2012

La propuesta soberanista de Artur Mas para las próximas elecciones catalanas ha vuelto a situar en primer plano uno de los temas recurrentes en la historia de la España moderna: la cuestión nacional y, consiguientemente, la organización territorial del Estado. Conviene dejar claro desde un principio que en la coyuntura actual hay razones más que suficientes para tildar de oportunista la propuesta del Govern catalán. Utilizar el señuelo de la autodeterminación para desviar la atención sobre las políticas ultra–liberales ejecutadas contra los derechos sociales en Catalunya es el objetivo estratégico que parece guiar a los dirigentes de CiU.

Pero también es innegable que crece en Catalunya el número de personas descontentas con el marco territorial nacido de la transición. Y no me extraña. Otros tantos también lo estamos. No hay que ser catalán, vasco o gallego para darse cuenta de que el modelo de las autonomías se resquebraja por los cuatro costados, máxime tras la interpretación que del mismo se ha hecho por las autoridades políticas y judiciales de este Estado especialmente durante los últimos años. Cualquier intento serio de profundizar en la autonomía y de avanzar en el marco territorial ha sido cercenado por los distintos gobiernos centrales o, en caso de hacer falta, por el propio Tribunal Constitucional, que cuenta con una extensa y notable hoja de servicios en favor de la “unidad de España”. Baste recordar su conocida sentencia de 2010 sobre el Estatut catalán o su negativa a tolerar la consulta ciudadana impulsada en 2007 por el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe sobre aspectos relacionados con el proceso de paz y el derecho a decidir del pueblo vasco. También los dirigentes del Partido Popular ponen de su parte, al mostrarse más partidarios de una involución que de una evolución del modelo autonómico.

En este contexto presidido por la pugna política entre nacionalistas de diverso signo, cobra fuerza –como nunca desde 1978– la opción federal. Precisamente en los últimos días hemos conocido un manifiesto sobre federalismo y consenso suscrito, entre otros, por escritores, cineastas, economistas, juristas y políticos (publicado en el diario El País el pasado 4 de noviembre, y conocido –en palabras de Vicenç Navarro– como “el manifiesto federalista de los 300″). Aunque la lista de firmantes es plural, su núcleo central está compuesto por personas vinculadas al PSOE, miembros de su intelligentsia e incluso antiguos cargos de gobiernos socialistas. Hasta su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, parece mostrarse satisfecho del texto, al recomendar su lectura por considerarlo muy interesante. A este manifiesto hay que sumar más declaraciones de dirigentes del PSOE mostrándose claramente a favor de la opción federalista.

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Ideado para incidir en las elecciones catalanas y, supuestamente, desmontar la tramposa estrategia de CiU, el manifiesto arguye en favor del federalismo no sólo porque da respuesta al profundo y legítimo sentimiento nacional catalán, sino también porque ofrece un marco jurídico–político de salida a la crisis económica más justo y solidario entre los diferentes territorios. Se aboga, así pues, por un federalismo integrador, de consenso y que encaja perfectamente en el vigente texto constitucional.

La defensa del federalismo que se hace en el manifiesto –una defensa a la que ahora se suman no pocos dirigentes socialistas– parte de la premisa de que “ni España ni la Constitución de 1978 ni el Estatut de 2006 niegan a los ciudadanos de Cataluña ejercer su derecho a decidir”. Esta afirmación deja atónito a cualquier lector mínimamente instruido en el texto y la práctica constitucional desde 1978 hasta nuestros días. ¿Afirman las y los autores del manifiesto que en el actual sistema constitucional existen canales que habilitan la opción soberanista o independentista? ¿Pretenden hacernos creer que la Constitución ofrece una vía para que la ciudadanía catalana manifieste su voluntad de configurar –o no– su propio Estado? En fin, baste recordar en este sentido cómo saludaron y aplaudieron los socialistas la decisión del Tribunal Constitucional de impedir la citada consulta del lehendakari Ibarretxe, a quien acusaron de saltarse los márgenes legalmente establecidos. Acusación que compartieron entonces con el Partido Popular y que comparten ahora de nuevo ante la propuesta de consulta sobre el derecho a decidir lanzada por CiU.

Más allá de estos detalles, la pregunta de fondo es la siguiente: ¿Es compatible la Constitución española con el federalismo? Pues bien, pese a lo que alegan estos federalistas constitucionalistas de nuevo cuño, la respuesta es negativa. Un vistazo a los debates parlamentarios de la época muestra que cuando los constituyentes introdujeron el Estado de las autonomías no estaban pensando en el Estado federal. Más bien al contrario. Incluso recurrieron a un modelo que no era en absoluto de corte federal: el Estado integral, presente en la Constitución republicana de 1931. Con este recurso pretendían “calmar” las demandas de las comunidades históricas sin alertar demasiado a los defensores de las esencias patrias. No en vano fueron estos últimos quienes inspiraron –y, de hecho, redactaron– el artículo 2 de la Constitución, según el cual esta misma se fundamenta no en la soberanía popular, como parecería razonable en un sistema democrático que se precie de ser tal, sino en la “indisoluble unidad de la Nación española”.

Por tanto, la Constitución configura un modelo basado en el principio de unidad del Estado, al que se supedita el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran. Después, esta retórica más bien propia del Estado unitario se traduce en elementos normativos que se alejan de lo que comúnmente se entiende por un Estado federal. Por ejemplo, el reparto desigual de competencias entre Estado central y autonomías, una cláusula de cierre en favor del primero, la prevalencia de las normas estatales frente a las autonómicas en todo lo que no sea de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, la posibilidad de leyes estatales de armonización que suponen un auténtico control político de la autonomía, o la configuración del Senado como una segunda cámara prácticamente irrelevante en vez de una auténtica instancia de representación territorial.

Y por si fuera poco con todo lo anterior, la reforma constitucional exprés de agosto de 2011 termina por enterrar cualquier posibilidad de articular un modelo federal, al prohibir a las comunidades ejercer una mínima autonomía financiera. Además, la limitación de gasto público que se les impone proscribe una buena parte -si no todas- de las políticas de igualdad y redistribución que las comunidades autónomas tendrían que desarrollar por ser competentes para ello. Quienes votaron afirmativamente en el parlamento esta reforma constitucional deberían ser conscientes de que por contentar a la troika no sólo liquidaron el Estado social, sino también cualquier vestigio de autonomía política de los gobiernos regionales.

En definitiva, Estado federal sí, pero sin atajos. Enarbolar su bandera y a la vez la Constitución de 1978 es o bien un recurso ante difíciles tiempos electorales o bien un intento de cuadrar lo imposible. De negar lo inevitable desde una perspectiva de izquierdas: la necesidad de superar el marco establecido por la Constitución de 1978.


* Rafael Escudero Alday es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Participa activamente en el movimiento memorialista y en la defensa de la causa palestina.

viernes, 16 de noviembre de 2012

La Gran Regresión


Sebas Martín*


12/11/2012 

La crisis que azota Europa está sirviendo de coartada para desplegar un programa político de naturaleza constituyente. Con la excusa del estado de necesidad, se adoptan medidas y prácticas institucionales muy poco útiles para enmendar la crisis, pero tremendamente efectivas para fundar un nuevo modelo de sociedad política. 

En lo referido al caso español, dicho modelo se asemeja de manera inquietante al que predominó desde la década de los 1830 hasta final del siglo XIX. A excepción del militarismo, hoy por fortuna desplazado, abundan las analogías entre nuestro Estado decimonónico y el que, por vía imperativa, pretende instaurar el partido en el Gobierno. 

Para definir este tipo de organización social, política y económica debemos referirnos a dos claves fundamentales de su arquitectura: el centralismo y la desigualdad. 

Neocentralismo 

En el orden de los poderes, el centralismo entraña, ante todo, el reforzamiento del poder ejecutivo frente a los restantes poderes del estado. Su síntoma más evidente es el abuso de la legislación autoritaria por decreto, que relega a la cámara baja a la condición de mera correa transmisora de las directrices gubernamentales, perdiendo con ello su carácter de asamblea deliberante que controla la acción del presidente y los ministros. 

Desde la perspectiva centralista resulta coherente que los parlamentos reduzcan su número de diputados. Para justificar esta medida se alegan motivos presupuestarios, pero la realidad es que pocos escaños necesitan unas asambleas pensadas para ratificar las decisiones del Gobierno más que para representar el pluralismo político. 

La concentración de potestades en el ejecutivo requiere también el debilitamiento o la ausencia de otros contrapoderes. A conseguir este objetivo se dirige la actual campaña de descrédito contra las Comunidades Autónomas. Con la excusa de la crisis, pero con los datos objetivos del déficit en contra, ha ido calando en España un discurso interesado de destrucción del régimen autonómico y consecuente regreso al vetusto Estado de provincias. La razón última de este pretendido reemplazamiento no es tanto el ahorro como la revigorización del gobierno central, que se vería liberado de los incómodos contrapesos que hoy son las regiones autónomas, incluso cuando están gobernadas por el mismo partido alojado en la Moncloa. 

Aún tiene una consecuencia más el encumbramiento del ejecutivo: la colocación de toda la administración pública bajo su criterio discrecional. Las reivindicaciones economicistas de revisar el estatuto profesional de los funcionarios, suprimiendo su inamovilidad para lograr mayor eficiencia, suponen un aspecto crucial de este retorno al siglo XIX. De triunfar, derrumbarían uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, como es la independencia del empleado público frente a los representantes políticos. Recuperaríamos entonces la figura decimonónica del “cesante”, y la burocracia, de ser un aparato técnico cualificado e independiente, pasaría a convertirse, ya por entero, en extensión clientelar del partido de turno. 

Ni siquiera el poder judicial se libra de esta involución generalizada. La implantación de una justicia onerosa implica un grave quebranto al derecho de defensa y al principio de igualdad, pero también la vuelta a los tiempos en que la jurisdicción civil o mercantil era coto reservado de los que podían permitirse el lujo de litigar para proteger sus derechos legítimos. 

Desigualdad 

Este punto nos coloca ante la segunda clave del programa político conservador: la “Gran Desigualdad”, por expresarlo en palabras de Rafael Poch. Lo más obvio en este sentido viene dado por los severos recortes sufridos –y por las tasas de “repago” introducidas– en los servicios públicos de sanidad y educación. 

La multiplicación exponencial de la desigualdad cuenta con otros cauces, acaso más decisivos. En primer término, el Gobierno pretende transformar la estructura de las relaciones fundadas en el trabajo, regresando a su fisonomía decimonónica. Bajo la excusa del respeto a la libertad contractual de las partes, y con el argumento falaz de que la flexibilidad laboral disminuirá el desempleo, se ha activado un proceso cuyo objetivo no es otro que convertir las relaciones laborales en una relación de carácter privado. 

Una vez devaluada –contra el tenor constitucional (art. 37.1)– la negociación colectiva, y dejada la fijación de las condiciones laborales a la voluntad superior del empleador, que siempre contará con el chantaje de la “legión de parados” para revisarlas a la baja, la relación de trabajo volverá a ser de naturaleza patriarcal y el asalariado estará de nuevo bajo la voluntad discrecional de su patrón. 

A estas alturas, debiera saberse ya que considerar al empleador y al trabajador como partes formalmente iguales tiene como consecuencia, en la práctica, la consolidación y profundización de la desigualdad material entre ambos. El origen de todo el derecho laboral, desde la limitación del trabajo infantil y femenino hasta la imposición legal de unas condiciones mínimas en el contrato de trabajo (jornada, vacaciones, salario), radica justamente en la limitación pública de la voluntad del empleador, cuya libertad sin restricciones provocaba la falta absoluta de libertad en los trabajadores. 

De nada parecen servir, sin embargo, las enseñanzas de la historia contemporánea. A día de hoy, todos los logros conquistados con el fin de mitigar la depauperación de las capas trabajadoras se hallan cuestionados. La deslegitimación de unos sindicatos ya de por sí debilitados y desacreditados, el deseo conservador de limitar hasta desnaturalizar el derecho de huelga o la supresión del carácter vinculante de los convenios colectivos son algunos de los medios preparados para su abolición. 

El sistema fiscal progresivo, propio del Estado social e impuesto por nuestra Constitución (art. 31.1), también se halla en el punto de mira del Gobierno. Si ya se encuentra en vías de descomposición a causa del fraude consentido y de las exenciones disfrutadas por los sectores acaudalados, su eliminación completa tendrá lugar cuando se culmine el tránsito, anunciado por Cristóbal Montoro, desde un régimen tributario basado en los impuestos directos a otro edificado sobre los indirectos. Nos habrán devuelto entonces a pleno siglo XIX, cuando la financiación del Estado procedía en su mayor parte de los tributos al consumo. 

La desprotección del trabajo y la distribución inequitativa de la carga fiscal producirán pobreza y marginación. En un sistema democrático, una situación de este género puede tener corto recorrido, pues las reivindicaciones de una mayoría social postergada encuentran pronta representación parlamentaria. Aparte de la manipulación mediática, a evitar este proceso se dirigen las propuestas, en algún caso materializadas, de convertir la función representativa –también como hace un par de siglos– en un título honorario y en un desempeño gratuito, lo cual garantizaría la identificación entre los diputados y los sectores no desposeídos. 

Y mientras la crisis va generando el ambiente propicio para generalizar esta medida, el Gobierno recurre a una estrategia igualmente regresiva: la criminalización de la disidencia y su sistemática conversión en un problema de orden público. Los intolerables –y por desgracia cada vez más frecuentes– abusos policiales contra manifestantes y el recurso a tipos delictivos tan imprecisos que ponen en cuestión el derecho elemental a la seguridad jurídica son algunas de sus más palpables evidencias. 

Conclusión 

Estamos inmersos, pues, en un proceso materialmente constituyente, desplegado con la coartada de la crisis, desarrollado en abierto incumplimiento de los requisitos formales exigidos para un procedimiento de tal naturaleza y cuya intención última, a grandes rasgos, no es otra que regresar a la situación política vigente en el siglo XIX, que se caracterizaba por el centralismo autoritario y la desigualdad económica y social. 

Por este motivo resulta irónico que los conservadores basen sus ataques a los sindicatos, a la protección de los trabajadores, al derecho de huelga o al impuesto sobre la renta en su presunto carácter obsoleto, cuando el modelo que tácitamente preconizan se ubica en un periodo histórico anterior al que denostan. El problema es que el sistema político añorado por el liberalismo conservador se desplomó a causa de unas dramáticas contradicciones que nos condenan a revivir. Olvidan, sin embargo, que cuando un pasado trágico regresa suele hacerlo como farsa. 

http://criticademitiempo.blogspot.com.es/2012/11/la-gran-regresion.html?spref=tw

* Sebastián Martín Martín es profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Sevilla.

** Viñeta de Mena.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Declaración de huelga


Javier Gallego*


13/11/2012

La huelga no sirve para nada. No nos hacen caso. No es el momento de hacerla. Es una huelga convocada por los sindicatos que han sido cómplices de los partidos políticos. Estoy cansado de protestar y de que nadie nos escuche. No puedo permitirme perder un día de sueldo. Tengo miedo a que me echen si hago huelga. Estoy harto de arriesgarme para luchar por los derechos de los que no la hacen. Cuando gobierna la izquierda no se convocan tantas huelgas. Hacer huelga general en medio de la crisis es una irresponsabilidad.

He leído y escuchado muchas justificaciones como estas para no secundar las huelgas generales y en concreto la huelga general de este miércoles, 14N. Entiendo muchas de ellas, respeto algunas, pero no comparto ninguna. Por una sencilla razón: siento que no me queda más remedio que hacer esta huelga. Me han empujado a hacerla empujándonos contra las cuerdas. Me han forzado a hacerla condenándonos a trabajos forzados. Nos han llevado hasta tal punto de desesperación y desesperanza, de indignación y abandono, de paro y penuria, que no me queda más remedio que parar para pararles, de hacer huelga para tener una esperanza y de indignarme para no sentir que me abandono.

No solo es que quiera hacer huelga, no solo es que creo que debo hacerla, es que siento que tengo que hacerla porque si no la hiciera, ya no podría llamarme a mí mismo ciudadano. Me llamaría vasallo. No pretendo desacreditar a quienes no creen en esta huelga, por favor, que nadie se sienta insultado. Solo digo que si yo no la hiciera, sentiría que estoy faltando a mi deber como miembro de esta sociedad que se desmiembra. He dicho bien: un deber, no solo un derecho.

Esta huelga es un deber porque derechos no nos quedan. Solo nos quedan obligaciones: la obligación de obedecer por decreto y por la fuerza a los recortes, repagos, desahucios, rescates bancarios, congelaciones salariales, subidas de impuestos, bajada de las pensiones, abaratamiento del despido, privatización de la Sanidad, empobrecimiento de la Educación, reducción de la prestación de desempleo, censura y control de los medios de comunicación públicos. Y mientras la mayoría solo tiene obligaciones, la minoría solo tiene derechos. Derechos que son privilegios pues solo ellos los tienen: privilegios bancarios, fiscales, políticos y judiciales. Por eso también la huelga se ha convertido para mí en una obligación. Me impongo la huelga mientras nuestros gobernantes impongan la desigualdad social por decreto.

Me impongo la huelga por decreto porque no me han dejado otra. No me han dejado otra opción porque están acabando con todas nuestras opciones de vida. Y no es que crea que esta huelga es la única posibilidad de protesta pero pienso que no podría reclamar más opciones si dejo pasar una sola de las pocas oportunidades que tenemos de manifestar nuestro desacuerdo. Ellos no pierden oportunidad para hacernos retroceder. Nosotros no podemos dejar pasar una manifestación, una protesta, un artículo, una sentada, una huelga, una cacerolada, para decirle a este Gobierno incivil, a esta Oposición cómplice y a este Parlamento enfermo que no toleramos más sus ataques, sus traiciones y sus desprecios. Yo ya no puedo. Para mí esta huelga es ineludible. Una vez que di el primer paso para oponerme a este ataque a los ciudadanos, ya no puedo echarme atrás mientras no den marcha atrás. Por más que me repitan que esta huelga no sirve. La única que huelga que seguro que no sirve es la que no se hace.

Estoy casi convencido de que no será una de las huelgas generales más seguidas (espero equivocarme) y aún así estoy más convencido que nunca de que hay que hacerla. Aunque el Gobierno y sus exégetas de la prensa insulten, menosprecien y caricaturicen a los huelguistas. Aunque parezca que no tenido incidencia ninguna. Todo eso me da igual. Me da igual si es una huelga oportuna, necesaria o útil. Hay cosas que uno siente que tiene que hacer aunque no sirvan para nada. Por su propia dignidad, por su conciencia, por su compromiso.

Además es incierto que sea inútil. Si durante estos últimos cuatro años, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hubieran pensado por una sola vez que su lucha no iba a dar resultado, si hubieran decidido no ir a parar un desahucio porque sabían que era inevitable, hoy no estaríamos hablando de que el Gobierno y la Oposición quieren pactar una nueva ley para parar los desahucios ni de que la banca ha suspendido de forma inmediata los casos más extremos. Por los que luchan cada día, no solo el día de huelga, yo hago huelga.

Es más, no solo hago huelga, declaro la huelga porque definitivamente estamos en lucha. Declaro la huelga a todos nuestros representantes porque están el huelga como representantes nuestros.

Yo le declaro la huelga al Gobierno y al resto del Parlamento porque le han declarado la guerra al ciudadano. Le declaro la huelga porque no me rindo. Y no tengo más remedio que declararle la huelga porque creo que aún hay remedio. 


* Javier Gallego es periodista y músico. Dirigió y presentó el programa alternativo Carne Cruda en Radio 3, hasta su cancelación por el gobierno de Rajoy.

** Cartel huelguístico realizado a partir de un dibujo del maestro Azagra.

domingo, 11 de noviembre de 2012

El coronel Martínez Inglés acusa al rey de "corrupción generalizada" ante la Audiencia Nacional


Amadeo Martínez Inglés


08/11/2012

AL ILMO MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército diplomado de Estado Mayor, escritor e historiador militar, se dirige a VS en relación con su Auto NIG 28079 27 2 2012 0000530 42950 Proc. Abreviado 00000177/2012 G en el que considera que las expresiones vertidas en mi artículo “¿Por qué te callas?”, publicado con fecha 12 de diciembre de 2011, pudieran constituir un delito de CALUMNIAS E INJURIAS GRAVES CONTRA LA CORONA cuya pena privativa de libertad no excedería de nueve años de prisión, exponiéndole lo siguiente:

PRIMERO.- El citado artículo periodístico “¿Por qué te callas?”, en contra del parecer de su señoría, de delictivo no tiene nada. Es un trabajo serio y profesional, aunque duro en las formas (cada escritor tiene las suyas, amparadas por la libertad de expresión existente en los Estados plenamente democráticos), que recoge una vez más y de forma un tanto airada (los tiempos no están para genuflexiones versallescas) los presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, antes y después de subir al trono, de los que tuve conocimiento y constancia a lo largo de casi treinta años de investigaciones y estudios profesionales. Presuntos delitos que he puesto en conocimiento, una y otra vez en los últimos ocho años, de las más altas instituciones del Estado y que nuevamente expongo a continuación (atendiendo a su presunta consumación cronológica) en orden a justificar la oportuna y necesaria asunción personal de mi propia defensa en el presente caso judicial:
  • “Homicidio imprudente” o “fratricidio premeditado” (esta disyuntiva nunca la han dilucidado los jueces que deberían haberlo hecho), cometido el 29 de marzo de 1956 en la persona de su propio hermano el infante Alfonso de Borbón, siendo el actual monarca español en aquellas fechas un cadete de la Academia General Militar de Zaragoza con seis meses de instrucción castrense intensiva y experto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español.

  • “Alta traición a la nación española”, al haber pactado en secreto en noviembre de 1975 con el Departamento de Estado norteamericano la entrega unilateral a Marruecos y Mauritania de la antigua provincia española del Sahara Occidental.

  • “Cobardía ante el enemigo”, al retirar en esa fecha de manera humillante y sin combatir las fuerzas militares españolas de ese territorio ostentando la Jefatura Suprema de las FAS.

  • “Genocidio de la antigua población del Sahara español, en grado de colaborador necesario” (más de tres mil víctimas), al haber abandonado al pueblo saharaui, totalmente indefenso, en manos del rey alauí Hassan II.

  • “Golpismo de Estado”, al haber autorizado a sus militares cortesanos (Armada y Milans del Bosch) la planificación, preparación y ejecución de la maniobra político-militar desarrollada en España la tarde/noche del 23 de febrero de 1981, conocida popularmente como “la intentona involucionista del 23-F”.

  • “Terrorismo de Estado”, al tener previo conocimiento, como comandante en jefe de las FAS, de la guerra sucia que preparaban los servicios secretos militares y de la seguridad del Estado contra ETA (GAL) y no haber impedido su puesta en marcha.

  • “Malversación de caudales públicos” de los denominados “fondos reservados” adscritos a Defensa, presidencia del Gobierno e Interior, al conocer y no desautorizar los pagos a determinada vedette del espectáculo español por las prestaciones sexuales que le había realizado durante más de quince años y que ella, en 1996, amenazaba con hacerlas públicas a través de documentos audiovisuales de su propiedad.

  • “Corrupción generalizada”, al recibir durante décadas regalos multimillonarios procedentes tanto del exterior como de la propia España: yates, fincas de recreo, petrodólares en forma de créditos a fondo perdido…etc, etc;

  • “Enriquecimiento ilícito” como consecuencia de todo lo anterior y de oscuros negocios de todo tipo que en los últimos años han trascendido a la opinión pública española e internacional a través de libros, revistas especializadas y periódicos de toda solvencia, hasta convertir a su familia en una de las mayores fortunas del mundo (la 134, con 1790 millones de euros en su haber).

  • “Encubrimiento” de los presuntos delitos que contempla el”caso Noos” o “caso Urdangarín”, puesto que conociendo desde el año 2006 (la misma Casa Real lo ha admitido) los oscuros manejos de su famoso yerno se calló y no los denunció ante la justicia, propiciando en cambio su “huída” de España, magníficamente retribuida a través de un substancioso cargo en Telefónica “presuntamente” conseguido a instancias de la Casa Real.
SEGUNDO.- Entiendo, señor juez, que la inclusión de los anteriores presuntos delitos del actual rey de España en mi artículo “¿Por qué te callas?”, dentro de unas formas literarias duras pero acordes con el tiempo que vivimos y, desde luego, legítimas y amparadas por el derecho a la libertad de expresión que contempla la Constitución Española, es lo que ha llevado a Su Majestad Católica el rey Borbón (un monarca inviolable, irresponsable, no sujeto a ley alguna y con toda clase de derechos en su haber, aunque debo reconocer en honor a la verdad que a día de hoy no puedo certificar siga disfrutando del placentero “derecho de pernada” de sus antecesores dinásticos, por lo menos en la modalidad de “gratis total”), a través de su real Casa y de la Fiscalía General del Estado, a considerar mi trabajo periodístico como presuntamente delictivo.

Como mi defensa, en consecuencia, sólo puede basarse en demostrar ante el Tribunal, y ante la ciudadanía española en su conjunto, que todos esos presuntos delitos de Juan Carlos I sacados a la luz pública en mi artículo responden a la más absoluta y objetiva verdad histórica (obtenida por este profesional tras casi treinta años de estudios e investigaciones) apoyándome en el consabido precepto jurídico “Exceptio Veritatis”, y dado que ningún letrado español o extranjero, en estos momentos y en este país, por muy brillantes cualidades profesionales y espíritu de servicio que poseyera, sería capaz de ponerse al día y documentarse adecuadamente (solo en referencia al falso golpe militar del 23-F he escrito más de 1.500 folios en libros, documentos y artículos periodísticos) para poder abordarla con ciertas garantías de éxito, he decidido, y así se lo hago saber a través del presente escrito a su señoría y al futuro Tribunal en pleno, asumir con carácter personal y exclusivo la misma, tanto para la redacción del escrito previo a la vista oral como para el futuro desarrollo de ésta. Independientemente de si la legislación española contempla o no esa posibilidad de “autodefensa”, en lo que no pienso entrar ni un segundo, pues la primera obligación de un acusado es defenderse con todas las armas legales a su alcance, máxime en un caso como éste claramente extrajudicial, totalmente político y a cargo de un Tribunal especial y antidemocrático no homologable con ningún otro de la Unión Europea.

TERCERO.- En Anexo aparte, señoría, le señalo los libros y documentos de los que soy autor y tienen relación con el tema que nos ocupa, que es preciso conozcan adecuadamente todos los componentes del Tribunal, Fiscalía, acusaciones (si las hubiera) e, incluso, el público en general que vaya a presenciar la vista oral, pues de no ser así la citada vista puede convertirse en un diálogo para besugos (con perdón) totalmente ineficaz y fuera de lugar en un alto tribunal especial como el que acoge a su digno Juzgado. También le relaciono los documentos escritos y audiovisuales de diferentes instituciones del Estado que sirvieron de base en su día para formular las imputaciones regias, y que ese Juzgado deberá interesar de los organismos competentes para que este historiador pueda demostrar fehacientemente la veracidad de las mismas (calumnias e injurias, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional). Y, por último, señor magistrado-juez, pongo en su conocimiento en el citado Anexo la lista de personas que solicito aporten testimonio en la vista oral de la presente causa, pues sus declaraciones con respecto a los diferentes hechos delictivos regios señalados en mi trabajo las considero vitales para esclarecer los mismos y, como consecuencia, poder rebatir las acusaciones de la Fiscalía.

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares, a cinco de noviembre de 2012.

ANEXO

Libros y documentos del autor del presente escrito

Libros*:
  • La transición vigilada (Temas de Hoy 1994)

  • El golpe que nunca existió (Foca 2001)

  • Juan Carlos I, el último Borbón (Styria 2008)

  • La Conspiración de Mayo (Styria 2009)
Informes al Congreso, al Gobierno y a otras instituciones del Estado:
  • Informe al Congreso sobre responsabilidad del rey en el 23-F (23 de septiembre de 2005)

  • Informe al Gobierno, al Senado y a otras instituciones (25 de enero de 2006)

  • Informe al Congreso sobre el 23-F (12 de febrero de 2007)

  • Informe al Congreso presuntos delitos del rey (4 de abril de 2008)

  • Informe al Congreso presuntos delitos del rey (8 de octubre de 2008)

  • Informe al Congreso presuntos delitos del rey (13 de diciembre de 2011)

  • Informe a la Fiscalía General de Portugal para investigar homicidio imprudente o presunto asesinato rey de España.
Artículos y escritos sobre el rey y sus presuntos delitos:

Más de cien trabajos publicados en la prensa escrita y digital durante los últimos veinte años, en iguales o parecidos términos al “¡Por qué te callas” de diciembre de 2011 y que pueden ser descargados, de forma totalmente libre, de numerosas páginas web y periódicos de la red.

Documentos a interesar de entes, instituciones u organismos del Estado

Del Ministerio de Defensa:

- “Panorámica de las operaciones en marcha” (CESID, 1980) relativa a los golpes de Estado en preparación en otoño de 1980.

- “Estado actual y perspectivas de la lucha antiterrorista” (CESID, julio de 1979) proponiendo al Gobierno de Adolfo Suárez la apertura de una guerra sucia contra ETA. Documento que recibió la cúpula militar, el Gobierno y el rey. Propuesta rechazada por el Gobierno.

- “Acta fundacional de los GAL” (CESID 1983) proponiendo otra vez la apertura de una guerra sucia contra ETA. Documento que recibió la cúpula militar, el Gobierno y el rey. Definitivamente fue autorizada.

- Documentos audiovisuales sobre las salidas extramaritales del rey de España (DIEME, División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, años 1984- 1996)

- Documentos sobre la entrega del Sahara español a Marruecos y Mauritania (DOPEME, División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, año 1975 y posteriores).

- Documentos y archivos sonoros grabados en la tarde/noche del 23-F relativos a conversaciones del rey con diversas autoridades del Cuartel General del Ejército y Capitanías Generales.

- Grabaciones y documentos relativos al 23-F de las Capitanías Generales de Aragón, Valencia, Sevilla, Burgos, Valladolid, La Coruña, Madrid y Baleares.

- Documentos de la Sección de Inteligencia de la Brigada DOT V (Zaragoza) relativos a la conspiración castrense lista para estallar el 2 de mayo de 1981 (Conspiración de Mayo).

- Cartilla de tiro de la AGM (Academia General Militar) de Zaragoza, correspondiente a los años 1955 y 1956 a nombre del caballero cadete Don Juan Carlos de Borbón y Borbón.

Del Ministerio de Asuntos Exteriores:

- Escrito del embajador alemán en Madrid a su Gobierno, en febrero de 1981, en el que relata una conversación privada con el monarca español, que acaba de ser desclasificado por el Ejecutivo germano y que ha sido incluido en las “Actas de Historia Contemporánea” de ese país.

Personas que se propone aporten testimonio en la vista oral por el artículo periodístico “¿Por qué te callas?”
  • Iñaki Urdangarin Liebaert, ex presidente del Instituto Noos y copresidente de la entidad Aizoon

  • Cristina de Borbón y Grecia, copresidenta de la entidad Aizoon

  • Diego Torres, ex vicepresidente del Instituto Noos y ex socio de Urdangarin

  • Corinna zu Sayn- Wittgenstein (de soltera, Corinna Larsen), ciudadana alemana, empresaria y relaciones públicas.

  • Bárbara Rey (María García García), actriz, vedette y presentadora.

  • Antonio Tejero Molina, ex teniente coronel de la Guardia Civil

  • Alfonso Armada y Comyn, ex general de División del Ejército de Tierra español

  • Jesús Cacho, periodista

  • José María Ruiz-Mateos, empresario

  • Mario Conde, ex banquero, político, escritor y periodista
La relación de personas, libros, documentos, artículos y escritos relacionados en el presente anexo en ningún caso puede considerarse exhaustiva y excluyente ya que podría aumentarse substancialmente.