Introducción
Es de todo punto evidente que estamos atravesando ahora, en España, una crisis profunda que se manifiesta en muy diversos órdenes, de modo que no es exageración tildarla de crisis global, producto de la conjunción simultánea de graves problemas económicos, sociales, políticos, institucionales, etc.
Además, con independencia de que haya múltiples indicadores objetivos de las manifestaciones de esta crisis global en cada orden de actividad de la sociedad española, lo que más destaca cuando se trata de esta crisis, en cualquier campo y en cualquier foro, es que la gran masa de la población, la ciudadanía, es plenamente consciente de la profundidad de la misma, de su inédita gravedad.
Existe la percepción por parte de la gente, del pueblo llano, de que esta crisis no es una crisis económica más, la fase baja de un ciclo normal, con sus inevitables consecuencias negativas, sino que se ha instalado en la ciudadanía española una especie de conciencia de que esta vez va muy en serio, de que el declive económico, el deterioro de la situación social, la degeneración de las instituciones políticas, etc., son fenómenos graves, que van a ir a peor, que los daños se van a prolongar mucho en el tiempo y que se nos avecinan la incertidumbre, la inquietud, la zozobra; en fin, que estamos en vísperas de tiempos muy, muy sombríos.
En esta ocasión se han conjuntado muchos factores negativos que conspiran en una dirección que se nos antoja a muchos ciudadanos, sensibles al deterioro de la convivencia cívica, desastrosa. Concurren en este momento histórico muchas corrientes perjudiciales que han intensificado últimamente su caudal y que se están acumulando peligrosamente, de manera que se avizora un gran desbordamiento de consecuencias imprevisibles.
No obstante, quizá sea posible aún torcer el rumbo de los acontecimientos, aunque, según transcurre el tiempo y los acontecimientos, la esperanza mengua.
Intentaré en la primera parte de este artículo dar alguna razón de las principales causas que, a mi juicio, han conducido a esta situación y cuyos efectos han irrogado la crisis global. Me centraré, principalmente, en la crisis político institucional, es decir, en el deterioro progresivo del sistema político español y en los escenarios que se abren para su «resolución».
Obviamente, por los condicionantes de la extensión y las propias limitaciones del autor, el tratamiento no podrá ser lo profundo que la materia merece, pero me atrevo a escribir estas ligeras notas, habida cuenta que son escasísimas las voces, que, en mi opinión, aciertan en el diagnóstico, y menos aún, en las posibles soluciones.
En la segunda parte de este documento trataré de fundamentar, basándome en lo anterior, y ante la grave situación existente y la peor que se nos aproxima, la necesidad de que se cree una fuerza política de carácter republicano, de ámbito estatal, que ocupe un espacio político e ideológico que cada vez es más amplio y que pudiera constituir un elemento de avance, de progreso, de esperanza, en suma.
I. LA CRISIS GLOBAL ESPAÑOLA
Evidentemente no es posible, en el marco de un modesto artículo, dar un panorama, siquiera en pequeña medida, comprensivo de la crisis que hemos calificado de global. Sólo haremos referencia expresa a unos pocos factores, especialmente activos en la creación del desolador panorama actual.
Básicamente, la tesis que mantengo es que el régimen político actual, por su configuración institucional, por la dinámica de los actores que lo animan, no sólo es incapaz de afrontar la gravísima crisis que atravesamos, sino que, incluso, contribuye a agravarla, de manera que es imperioso plantearse, por el conjunto de la sociedad española, la conveniencia de su sustitución.
I.1. Crisis del modelo económico
La crisis económica es, con mucho, el tema más tratado en nuestro país. Está omnipresente en los medios de comunicación y sobre ella se escriben, diariamente, «ríos de tinta». Sin embargo, lo que sorprende es la superficialidad de la cháchara pseudoeconómica con la que nos aturden los profesionales de la «información» y, sobre todo, la utilización partidista que de ella se hace, utilizando los datos económicos y los ligeros argumentos esgrimidos sólo para desacreditar al oponente político que corresponda, según la bandería del tertuliano, periodista o técnico de turno.
Bandos que, en los medios, quedan limitados exclusivamente, a dos: el PSOE, que apoya con un entusiasmo digno de mejor causa la «política» del Gobierno (si puede llamarse así a la improvisación, tibieza, contradicciones y desorientación de que hace ostentación el equipo gubernamental), y el PP, cuya política económica anunciada no es más, a mi modo de ver, que un conjunto de recetas de corte ultraliberal dictadas por apriorismos ideológicos demasiado dogmáticos.
Es desolador comprobar que no ha habido, ni hay, en el plano político más visible por los ciudadanos, análisis serios, rigurosos, ajustados a las peculiaridades del modelo español de crecimiento y a los posibles cambios que habría que realizar en el mismo, que, en cualquier caso, requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo, consenso básico y suficiente financiación.
No basta con decir, como dice el PSOE, que sólo hay que esperar la inminente recuperación económica de los grandes países y reorientar la economía de modo que sea, inmediatamente, «sostenible». Ni, como manifiesta el PP, que todo se arreglaría con «reformas estructurales» (que, en suma, aluden tan sólo a recortes salariales, a la reducción del coste del despido y a la disminución del peso del Estado a través de la disminución del gasto público).
Es sabido que, sin perjuicio de que haya empresas españolas que se han expandido con éxito por todo el orbe, la estructura económica de España difiere de la de los países más desarrollados de nuestro entorno, es más débil y vulnerable: la agricultura está en declive y sometida a una política reguladora europea que impone limitaciones insuperables, carecemos de recursos naturales básicos, no poseemos recursos energéticos, tenemos escasez de petróleo, hierro, etc.
El sector industrial está muy disminuido y es poco competitivo. Los servicios en que nos hemos especializado son de escaso valor añadido, con lo que la productividad española es, por fuerza, muy inferior a la de las potencias económicas de primer orden. La hipertrofia de la construcción ya ha alcanzado su techo y ha causado sus peores efectos. El sector financiero está seriamente «tocado». La pertenencia a la zona euro perjudica las exportaciones. El sector público, sobre cuyo tejido podría instrumentarse políticas de estímulo de demanda y de regulación, está lastrado por el déficit y su necesidad de financiación, etc.
En fin, la economía española no es tan pujante, estructuralmente, como se nos ha hecho ver por diferentes gobiernos, que, ocasionalmente, han convertido en méritos propios lo que ha sido consecuencia de la exuberancia y la generosa financiación europea.
Ahora, no obstante, parece ser que el enganche a la economía europea sólo funciona a la baja, y muchos expertos pronostican que, aun si la economía europea se recuperase, sería muy difícil que la española se beneficiase de su impulso, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, por lo que se prevé, en el mejor de los casos, una lentísima recuperación, y, más probablemente, un largo declive, una extenuante decadencia.
Por otra parte, parece que, esta vez, ya no va ser posible contar con el auxilio de las autoridades europeas; es más, es muy probable que se nos impongan políticas de austeridad y de ajuste sumamente onerosas.
Por todo lo anterior, y dada la debilidad básica de la economía española, su vulnerabilidad estructural, agravada por la penosísima situación actual, sería menester un acuerdo fundamental de todos los agentes políticos, económicos y sociales con el objeto de acometer las grandes transformaciones precisas en el marco de la economía española, para darle una nueva orientación, un nuevo rumbo. Este acuerdo tendría que ir más allá de los periódicos y rituales acuerdos entre empresarios y sindicatos. Mucho más allá, y que afectaría, no sólo a las instituciones económicas básicas, sino que tocaría, de resultas, a instituciones políticas fundamentales.
En este orden, uno de los asuntos que, inexcusablemente, debería debatirse y contestarse es si el actual modelo territorial del Estado, el sistema de comunidades autónomas es compatible con la estructura y las instituciones económicas que nos permitirían ir saliendo de la crisis (si todavía ello es posible).
Y ello, aun considerando que buena parte de la población parece opinar que el modelo territorial instaurado por la Constitución de 1978, bueno o malo, es una pieza fundamental del sistema económico y político español, y, por tanto, una restricción o condicionante inamovible.
Mi juicio, como republicano, es muy distinto; pienso que todas las instituciones y normas, todas, son instrumentales y han de estar al servicio de los ciudadanos, no al contrario, y de esta suerte, si cualquier institución, forma política, de estado o de gobierno se demuestra disfuncional, inoperante o nociva, debe «removerse», cambiarse o, simplemente, suprimirse.
Las instituciones no han de ser permanentes, no han de imponerse a sucesivas generaciones, han de estar siempre y en todo momento, sometidas a los imperativos del bien común, y si éste requiere nuevas instituciones, se han de establecer sin demoras, arrumbando sin demasiadas contemplaciones las antiguas, bien entendido que dicho bien común ha de manifestarse o expresarse inequívocamente de modo democrático.
Si, en relación con lo anterior, quedara probado suficientemente que el sistema de comunidades autónomas, tras un análisis coste–beneficio, económico y político, constituye un pesado lastre para la recuperación económica, por el coste de funcionamiento de los organismos que lo soportan, por la deriva de sus finanzas, por la fragmentación del mercado que causan, etc., habría que cuestionarlo, y proponer alternativas viables.
Parece claro que, ante la profundidad de la crisis y la debilidad de nuestra economía, no debe actuarse de modo timorato.
Es ya urgente el consenso básico aludido anteriormente para crear nuevas instituciones, nuevas normas y nuevas políticas. Es necesario un acuerdo de todos los agentes económicos y políticos sobre la configuración de las instituciones rectoras y reguladoras de la economía, sobre la estructuración de los sectores estratégicos que convendría, dentro del marco de lo permitido por las autoridades europeas, estimular o fomentar, sobre la dimensión y actuación del sector público, sobre los servicios sociales que han de cubrirse, sobre el control de las políticas públicas, sobre el diseño del sistema fiscal, sobre las políticas de ajuste necesarias, sobre el coste que han de pagar por ello los distintos sectores sociales, etc.
Pero es asimismo claro que, considerando la actitud manifestada por tales agentes, tal acuerdo fundamental no va a conseguirse, ni siquiera se va a intentar seriamente. Las consecuencias de tal fracaso colectivo me temo que se harán dolorosamente evidentes pronto.
La dificultad de perfilar un modelo económico robusto, apoyado mayoritariamente, que permitiera un «posicionamiento» estable en el concierto económico de las potencias actuales, se agrava por la distancia que media entre las estrategias miopes y sectarias de los principales partidos, encastillados en posturas excluyentes e irreductibles.
Es en este punto donde se echa más en falta la aportación de un partido o una fuerza política republicana, vale decir, un movimiento que introdujese la noción de interés común, de comunidad política comprometida en un proyecto de progreso social, que fijase sus miras más a largo plazo que las inmediatas elecciones.
Una corriente política que estimulase la búsqueda democrática de planteamientos compartidos, que abriera espacios de deliberación en los que imperase la tolerancia, el respeto, el consenso, que activara el debate en la sociedad civil, que despertara la mejor conciencia ciudadana, etc., o sea, lo que supone el legado clásico de la más constructiva tradición del republicanismo, actualizado por las mejores aportaciones de otros movimientos progresivos.
I.2. Crisis social
La crisis económica ha hecho más profunda la crisis social en la que ya estábamos inmersos. Crisis social cuyas manifestaciones más evidentes son la desafección de la sociedad con respecto a las instituciones, la falta de confianza en su eficacia, la creciente hostilidad a la «clase política», el avance de la corrupción, ligada ésta a la ausencia de valores cívicos y a la falta de control de los agentes políticos, a la impunidad, más o menos consentida, de determinados actores, etc.
La creciente desigualdad social, producto de la acumulación en pocas manos de las ganancias obtenidas en los últimos años de crecimiento económico, en gran medida desordenado y especulativo, unido a una enorme debilidad del Estado de Bienestar y a una clamorosa ineficacia de los mecanismos públicos de redistribución de la renta, constituyen elementos potenciales de inestabilidad social, que, ante cualquier hecho fortuito, puede transformarse en desórdenes públicos o disturbios políticos.
El incremento del paro, la rampante pobreza de muchos conciudadanos, el aumento de la exclusión social y la insensibilidad social de las capas de población más privilegiadas económicamente, no contribuyen, precisamente, a fomentar la cohesión social, que ha de basarse en un cierto grado de solidaridad y de evitación de excesivas desigualdades.
Por un lado, el principal partido de la oposición manifiesta una grave desatención de este fenómeno, y, por otro, el gobierno, presuntamente socialista, con el propósito de soslayar lo que debería ser el genuino proyecto o programa socialista, se embarca, a veces torpemente, en causas ideológicas polémicas cuyo objetivo parece ser, fundamentalmente, servir de «cortinas de humo» y provocar a la oposición para que muestre su lado más reaccionario, más ultramontano, más regresivo y agresivo.
Es desmoralizador comprobar que los ciudadanos, ante este espectáculo, se desentienden cada vez más de la vida política, a la par que crece su indignación por los juegos de los políticos, vueltos de espalda ante los graves problemas planteados, políticos que utilizan de manera descarada los privilegios que les depara el control de las instituciones.
Lo que más intranquiliza es que este malestar no es adecuadamente canalizado, sino que se va acumulando, sin que hagan acto de presencia instituciones, partidos o movimientos alternativos que, enarbolando la bandera de la regeneración democrática, actúen constructivamente, incitando los cambios necesarios.
Por otra parte, los medios de comunicación de masas cada vez son más sensacionalistas, más mercenarios y partidistas, sin profundizar en la crítica de las instituciones esenciales del Estado. Lo que debería ser debate riguroso, argumentación juiciosa, opinión informada y fundamentada y crítica sin tabúes, se convierte en insulto personal, invectiva gruesa, ocurrencia maligna y, sobre todo, espectáculo chabacano y poco edificante, pero sin mayor pretensión que la alharaca o la traca escandalosa, inútil por incívica. Todo ello refleja mediocridad, liviandad y frivolidad. Justo lo contrario de lo que ahora se requiere: rigor, seriedad, reflexión, civismo.
Con todo lo anterior, se fomenta la inacción, la falta de reflexión, el entretenimiento de baja calidad y, además, se provee un espectáculo burdo, pero bastante eficaz: el de simular un verdadero debate político a través de cruces de invectivas e insultos entre los dos grandes partidos, lo que supone bastante diversión, pero que deviene políticamente letal, al hurtarse el auténtico debate, sin tabúes, sobre los verdaderos problemas económicos, sociales y políticos. El propósito es, precisamente, ese: dar apariencia de un ambiente ya sobradamente «politizado» y desviar las afecciones de los ciudadanos sólo hacia cualquiera de las dos opciones políticas existentes, imposibilitando o desactivando cualquier iniciativa insólita.
No es extraño, sin embargo, lo que ahora ocurre. No sucede, en realidad, nada nuevo, sólo se han agravado las características de la sociedad que se ha ido conformando en las últimas décadas. Como antecedente de lo que se padece en la actualidad habría que remontarse al franquismo, a la dictadura, que inculcó a los abuelos y padres de las generaciones contemporáneas actitudes como la inacción política, la desmovilización ante empresas comunes, el fatalismo ante las arbitrariedades, la sumisión ante las jerarquías impuestas, la sospecha ante la cultura, la dejación de responsabilidad en «los superiores», el intentar medrar mediante el amiguismo, el nepotismo, el favoritismo, las redes de amigos para hacer negocios, la falta de transparencia, la falta de compromiso ciudadano, etc.
Los poderes públicos actuantes en la transición, lejos de romper con esas nefastas tradiciones, se aprovecharon de ellas en su favor, las fomentaron, las desarrollaron y podría decirse que, simplemente, lo que ha ocurrido es que el antiguo «Movimiento Nacional» se ha fragmentado, y que la democracia, más formal que real, no ha calado muy hondo ni en la sociedad ni en sus instituciones, a pesar de la apariencia democrática que podría dar la profusión de feroces enfrentamientos ideológicos.
En este sentido, es muy grave la responsabilidad que hay que achacar a los gobiernos socialistas, que tenían la misión histórica de modernizar el país con profundos cambios institucionales y culturales para conseguir mayores cotas de democracia y progreso. No lo hicieron, se acomodaron a las inercias franquistas y aun crearon las suyas, se desentendieron de lo que, en puridad, debería haber sido su labor histórica. No actuaron contra las injustas desigualdades sociales, no transformaron el Estado; no cambiaron, sustancialmente, instituciones fundamentales como la enseñanza, la justicia, las instituciones económicas. No entusiasmaron a sus masas potenciales (salvo en 1982, para defraudarlas inmediatamente), ni a sus potenciales aliados. No supieron desactivar ideológicamente a los nacionalistas periféricos, mediante un proyecto de Estado fuerte, robusto, atractivo, para fortalecer la cohesión territorial, para crear una conciencia común; al contrario, se han dejado arrastrar por la centrifugación propiciada por los nacionalistas.
No es descabellado pensar que la descomposición del PSOE, uno de los ejes fundamentales del sistema político español, esté próxima; por un lado, por el efecto atractivo del proyecto nacionalista, que «fagocita» a los socialistas periféricos, dada la insuficiencia de una alternativa de carácter estatal más sugestiva, y, por otro lado, ante la incapacidad demostrada para abordar eficazmente una crisis estatal de tan grandes proporciones como la actual. Es muy posible que asistamos pronto al deterioro del apoyo social al Partido Socialista, como ya ha ocurrido en Italia, Francia, Alemania o Reino Unido. No parece, sin embargo, que escarmientan en cabeza ajena. En España, en un sistema democrático más débil, menos sólido, una crisis grave del Partido Socialista podría constituir una desgracia política de muy negativas consecuencias.
No obstante, no es difícil advertir que la desarticulación del proyecto socialista, que su deterioro organizativo, su deformación caudillista, su fragmentación en proyectos locales, su ineficacia política general, su empobrecimiento ideológico van dejando sitio, espacio, a un movimiento republicano que supla, con ventaja, a los socialistas, para desarrollar sus mejores ideas.
I.3. Crisis del modelo territorial
El régimen nacido de la Transición y la Constitución intentó salvar lo fundamental del régimen anterior, eliminando los aspectos más repelentes, por lo dictatoriales y represores de las libertades básicas, pero sin proceder a una auténtica ruptura de las inercias y de los hábitos políticos derivados del franquismo, y sin molestar, siquiera levemente, a los poderes fácticos que se sirvieron de dicho régimen.
La Transición, ahora santificada como mito fundacional del régimen vigente, instauró un modo de hacer política a base de negociaciones y regateos entre las elites o los «caudillos» de los partidos, siempre al margen de la ciudadanía. En realidad, nada fue sometido a debate auténticamente democrático. Hubo mucha prisa en cerrar los acuerdos institucionales basados en el reparto de poder de los partidos a la hora de ocupar las instituciones.
Este compartido sistema de «expolio» se basaba, no obstante, en frágiles equilibrios y en tabúes protegidos por un cordón sanitario implacable. Nunca se debatió la Monarquía, no hubo, prácticamente, debate sobre la configuración territorial del Estado. Por el afán de hacer caso omiso del modelo implantado en la Constitución republicana de 1931, se construyó, atolondradamente, sin evaluar consecuencias futuras, un Estado Autonómico, que si bien pudo funcionar, mal que bien, durante algunos años, en los que hubo buena situación económica y abundante financiación europea, ahora resulta, según numerosos expertos, opinión a la que me sumo, insostenible, no ya tan sólo económicamente, sino por lo que tiene de amenaza de desintegración del Estado.
En efecto, la propia dinámica de los nacionalismos periféricos y la ausencia de proyecto integrador atractivo por parte del Estado común les ha llevado, indefectiblemente, al borde de secesión, casi de forma automática.
Han estado amagando con ello durante muchos años, con creciente éxito, de manera que ahora, aunque quisieran (que no quieren), no podrían dar marcha atrás, sin perder el apoyo que han concitado, de manera que la construcción de estados nacionales es una perspectiva viable. La secesión se contempla por muchos como un horizonte posible y altamente probable. De hecho, hay quien asegura que ya hay «masa crítica» para ello y que su consecución sólo es cuestión de tiempo (y poco).
No creo que anden muy descaminados y, en este horizonte, no es exageración manifestar que en España la secesión de comunidades desarrolladas como la catalana o la vasca o ambas ocasionaría un desastre económico, político y social, tremendo, y ello, en el caso, poco probable, que se resolviera pacíficamente.
El Estado central ha ido paulatinamente favoreciendo este patológico proceso, debilitándose, cediendo competencias básicas para la articulación de políticas públicas eficaces (sanidad, educación, etc.). El Estado ha perdido competencias sobre resortes e instrumentos vitales que cohesionan realmente a los ciudadanos que habitan distintos territorios y que desarrollan la solidaridad social; es decir, son las herramientas para la conservación de un Estado que garantice prestaciones iguales a ciudadanos indistinguibles en derechos y deberes.
Sobre la deriva secesionista de determinadas comunidades autónomas y su «solución» se ha escrito mucho, sólo que suele hacerse desde un punto de vista, a mi modo de ver profundamente equivocado. El debate se suele establecer en términos de oposición o choque de nacionalismos: se rechaza el nacionalismo catalán o vasco, con el argumento de que sólo hay una Nación española, de manera que los argumentos de los oponentes se refuerzan recíprocamente.
En este sentido, sostengo que ya es tarde históricamente para utilizar argumentos hispánico-patrióticos de regusto imperial para oponerse a proyectos de construcción de estados basados en identidades presuntamente nacionales.
Los ciudadanos, en sociedades desarrolladas (incluso en la española), basan su fidelidad o afección a un Estado en la cobertura que ese Estado pueda dar a la sociedad, en términos de garantía de la libertad, de provisión de seguridad y bienestar, de desarrollo democrático, de buen gobierno, de expectativas de progreso, etc., no en mitos, banderas, himnos o relatos de glorias pasadas.
En este planteamiento, cabe preguntarse, sin demagogia: ¿qué atractivo ofrece el Estado español a ciudadanos catalanes o vascos que no «sienten», emocionalmente, la pertenencia a España? (¿los toros?, ¿las procesiones?, ¿el Cid?, ¿las alegrías de la Selección Española de fútbol?, ¿el desfile de la Hispanidad?, ¿los discursos navideños del Rey?).
Francamente, según lo visto, la realidad político–institucional española no ofrece demasiados atractivos, de manera que la desafección de los ciudadanos de estas regiones o comunidades al Estado español crece, mientras que el proyecto secesionista, que no ha sido combatido eficazmente en el plano político, ideológico e institucional, se presenta cada vez más pujante y atractivo para los que, no siendo fervorosos nacionalistas, tampoco sienten la llamada de la España «eterna».
Parece claro, pues, que el modelo territorial existente, basado en «nacionalidades» ha llegado a su límite, ya no es funcional, ya no sirve, no satisface ya a los nacionalistas, y, al mismo tiempo, impide la puesta en marcha de posibles motores regeneracionistas, no provee de mecanismos compensatorios que promuevan suficientemente la solidaridad regional, es insostenible económicamente, fomenta la corrupción, el caciquismo, el clientelismo, etc.; es decir, reproduce lo peor de las más nefastas tradiciones políticas españolas. Hay, por consiguiente, que cambiarlo mientras aún sea posible.
Otra vez hay que apelar aquí al pensamiento republicano, capaz de ofrecer alternativas a la grave crisis del modelo territorial.
Si el Estado está en grave crisis, la transformación democrática del mismo es la única posibilidad que se ofrece de regeneración, y, en esta dirección, el cambio, en un Estado, como es el español, en el que no hay homogeneidad cultural ni consenso en lo que se refiere a sentimiento de pertenencia nacional, sólo puede hacerse desde un enfoque republicano; planteamiento en el que la identificación de una comunidad política con su Estado se fundamente en un nuevo «contrato de adhesión», no basado en sentimientos irracionales.
Este nuevo concepto sólo puede dar lugar a una República profundamente democrática e integradora, más allá de los nacionalismos excluyentes y no solidarios.
I.4. Crisis de las instituciones
Todas las instituciones del Estado, no sólo las comunidades autónomas, están en crisis. Ninguna funciona a satisfacción de la ciudadanía.
Comencemos por los partidos. Ya se ha comentado que se procuró la configuración de un sistema bipartidista imperfecto con el propósito de establecer una alternancia que intentara reproducir el mecanismo operante en la Restauración, al tiempo que se daba espacio a los partidos nacionalistas que podrían intervenir ocasionalmente en la gobernación del Estado a través de puntuales alianzas.
Sin embargo, no ha dado resultado el frágil esquema inicialmente planteado: los partidos han optado por el caudillismo, apoyado en camarillas ávidas de poder, se ha fomentado el arribismo, el oportunismo, la realización de carreras basadas en la adulación y la obediencia ciega al mando, se ha eliminado el debate, la movilización cívica, se ha optado por crear funcionarios políticos, por crear maquinarias electorales, etc. Los burócratas políticos se han afanado en ocupar puestos en instituciones públicas o de interés social, no precisamente con santos propósitos, se han ocupado de asentarse en poltronas para conseguir privilegios, etc.
La corrupción que ha invadido a los partidos «nacionales» es la lógica consecuencia de estas opciones. Lo que ocurre es que la corrupción no es anecdótica, no sale gratis, es enormemente perjudicial, corroe las instituciones, desmoraliza a los ciudadanos, erosiona las virtudes cívicas, es letal para la cohesión social y la convivencia. No hay más que ver la situación de los países en los que la corrupción ha hecho mella: el Estado se desintegra y se desvanece cualquier posibilidad de progreso.
Veamos algunas instituciones políticas: sobre la incapacidad del Congreso de los Diputados se ha escrito mucho. No hay más que ver los escaños vacíos, la esterilidad de las discusiones, la inexistencia de comisiones de investigación, la casi plena dedicación de los diputados a asuntos privados, etc. ¿Qué decir del Senado?, ¿cuál es su función?, ¿para qué sirve?, ¿qué representa? Es difícil encontrar institución más inútil. ¿Se perdería algo suprimiéndolo, lisa y llanamente? ¿El Tribunal de Cuentas?, ¿alguien sabe qué se hace con sus informes?
Sobre el Tribuna Constitucional, casi mejor ni hablar. Su actuación es, cuando menos, decepcionante. ¿El Consejo General del Poder Judicial?, corramos un piadoso velo. ¿Qué decir del espectáculo ofrecido por las frecuentes «broncas» entre el Tribunal Supremo y el Constitucional? Sencillamente, vergonzoso.
La Justicia en España es un fracaso absoluto, total, sin paliativos. ¿Cómo es posible tal deterioro de un servicio básico, fundamental, sin el cual difícilmente puede organizarse sociedad alguna?, ¿cómo se ha podido llegar a este punto?
Y así, todas; evidentemente, cada institución requiere un estudio profundo y detallado para examinar las causas de su ineficacia, la propuesta de soluciones, pero lo peor es que ya casi nadie confía en que se estudien causas y se propongan remedios. Como se decía al principio de este artículo, se ha establecido un sentimiento generalizado de fatalismo, de abulia, de aburrimiento, de escepticismo, de desencanto, no ya tan sólo entre los ciudadanos sino también entre los servidores públicos.
Tal panorama sólo puede cambiar si se presenta a la ciudadanía algo que no sea más de lo mismo, algo diferente de lo de siempre, las mismas palabras hueras y enfáticas de los políticos de turno.
Se requiere un proyecto atractivo, nuevo, que rompa con la inercia que sufrimos, no sólo cansina, sino también peligrosa. Peligrosa por cuanto si la situación económica, social y política se sigue degradando, como todo parece indicarlo, y las instituciones que integran el sistema político son incapaces de ofrecer soluciones o, al menos, vías de solución, el colapso del sistema político en su conjunto es inevitable y las tensiones acumuladas no encontrarán canales adecuados para regularse eficazmente.
Ello puede conducir a situaciones complicadas, inestables, de gran incertidumbre, de ensayo de falsas salidas, de apelaciones a salvadores oportunistas, a escenarios indeseables en los que pueda haber mermas en los derechos y libertades ciudadanas y pérdidas de bienestar económico con sus secuelas de anomia social, y, quizá, algaradas, disturbios, etc.
En fin, nada nuevo en la Historia de España, en la que, lamentablemente, se suelen dar situaciones de este tipo con cierta periodicidad ante la incapacidad de distintos regímenes para cumplir su función de normalizar políticamente los conflictos, integrar opciones, resolver pacíficamente los problemas y renovarse apropiadamente.
La cuestión es que en el campo social y político existe una especie de «horror al vacío» y cuando las instituciones oficiales no funcionan, se crean otras, con los materiales que se tienen a mano, muchos de ellos de pésima calidad, en este caso, democrática.
Este es el riesgo que planea sobre nuestro país. El desapego creciente de los ciudadanos hacia las instituciones políticas alimenta esta eventualidad. Por eso es necesario procurar el cambio, que sólo puede acometerse desde la convicción de que se ha llegado a estos extremos porque todas las instituciones del sistema político vigente están fallando, y lo están no porque haya habido estropicios ocasionales, averías repentinas, o incapacidad de sus titulares, sino porque el propio régimen, en su integridad, está diseñado defectuosamente, lleva marcada la fecha de su caducidad, porque adolece de demasiadas contradicciones internas, porque es tan inflexible que es incapaz ya de renovarse.
I.5. El Jefe del Estado
No es cuestión de explayarse acerca de la anomalía democrática que supone la Monarquía en nuestro país, por su origen y su ejercicio. Tan sólo diré que no nos podemos permitir el lujo, en esta situación, de carecer de Jefe de Estado. Es decir, la figura del Rey, al margen de cualquier legitimidad democrática renovable, de cualquier responsabilidad y cuyos actos han de ser refrendados, necesariamente, por el Gobierno convierte a la Jefatura del Estado en ineficaz. En efecto, si el Rey actuase políticamente al margen del Gobierno, se estaría bajo un poder antidemocrático, supuesto obviamente recusable, y si actúa según el guión establecido por el Gobierno, sobra.
Ocupa, anulándolo, un espacio esencial, máxime en un Estado en descomposición. Este espacio debería ser ocupado por un Jefe del Estado elegido democráticamente, con poderes efectivos, respaldados por el conjunto de los ciudadanos, que pudiera, en su caso, tomar medidas adecuadas para resolver situaciones críticas, cuando la propia supervivencia del Estado estuviera en cuestión.
Evidentemente, una posición como la que tiene el Rey en nuestro país no es, precisamente, la más adecuada para garantizar ninguna cohesión, ni para arbitrar entre las instituciones del Estado, ni, como repetimos, resolver ningún supuesto de alerta constitucional máxima.
La República, en la más pura lógica democrática, se presenta como la única alternativa viable.
I.6. ¿Qué se está haciendo?
Después de todo lo expuesto, cabría preguntarse qué capacidad de respuesta tiene el sistema político actual para resolver la crisis o, al menos, para paliarla, y, una vez evitada la senda de la degeneración, reconducir al país por un camino de progreso.
Ninguna capacidad de respuesta. No se aprecia ningún resorte eficaz en manos de los poderes públicos en este orden.
En primer lugar, el Gobierno parece desbordado por las circunstancias. No se observa ningún proyecto creíble que contenga políticas públicas sectoriales con objetivos claros, con recursos ajustados a dichos objetivos; es más, no se aprecian ni siquiera ideas coherentes que sirvan para construir estrategias. Sólo se percibe improvisación, ligereza y poca reflexión. El partido sobre el que se sustenta el Gobierno parece mortecino, sin fuste, sin vida partidaria, sin debates internos, incapaz de ofrecer al Gobierno opciones políticas, de suministrar recursos humanos capacitados que apoyen su gestión, etc. A poco tiempo de su victoria electoral parece ya agotado, exhausto, sin capacidad de regeneración. Todo lo fía en una inminente e improbable recuperación económica exterior, y, mientras tanto, se conforma con un «ir tirando», con ir sobreviviendo hasta que fenómenos exógenos faciliten «oxígeno» y permitan un cierto alivio.
Por otra parte, el principal partido de la oposición parece que no ha entendido la verdadera dimensión de la situación crítica por la que atraviesa la sociedad española y sus instituciones políticas, y sólo sueña en un revés electoral del partido socialista que haga caer al Gobierno de Rodríguez Zapatero, de manera que sólo maniobra en contra de cualquier medida gubernamental para atacar durísimamente al propio Presidente, al que juzga, al parecer, como el único responsable de todos los males del país. Quizá piense, de manera pueril, que, una vez abatido Zapatero, España, con un gobierno del PP, volverá, mágicamente, a marchar por «rutas imperiales».
Mientras tanto los nacionalistas siguen preparando, con buenas «chances», su «asalto al Estado», soñando con sus proyectos de construcción de Estados articulados alrededor de un nacionalismo fuerte, de una identidad nacional monolítica, sin fisuras, sin disidencias.
Sin el impulso del Gobierno y el ataque indiscriminado de las oposiciones, ¿qué decir del resto de las instituciones y aparatos del Estado? No se ve, por ningún lado, atisbo alguno de reparación o regeneración por los propios medios e impulso autónomo. No puede haberlo, dado que se han visto sometidas a un proceso de inutilización (eso si en algún momento mostraron su utilidad), por su sumisión plena a los partidos, a los intereses concretos de éstos, y a los grupos de presión que los rodean y condicionan.
En suma, el sistema está bloqueado, no da «más de sí», ha agotado sus posibilidades, está en el límite de su ciclo. No puede producir más que confusión e incertidumbre. Ha pasado, como suele decirse, en frase gráfica, a ser parte del problema, y no de la solución.
Ante la perspectiva de una crisis política muy grave y la probable incapacidad de las fuerzas políticas actualmente instaladas para resolverla, es muy posible que se creen dinámicas inéditas en las que nuevos actores, con nuevas ideas se desarrollen y adquieran insólitos protagonismos.
En esta orientación, creo que hay condiciones y clima propicios para que un movimiento o partido político, netamente republicano, pueda desenvolver ahora, en España, una política regeneracionista, constructiva, de progreso.
II. NECESIDAD DE UN NUEVO PARTIDO POLÍTICO REPUBLICANO
De todo lo anteriormente expresado, se deriva la necesidad de un cambio político de tan gran envergadura que necesariamente ha de romper, (evidentemente de forma pacífica y democrática), el restrictivo marco actual, cuyas tentativas de alargarlo más allá de su vida útil agravarán más los problemas y dificultarán la búsqueda de soluciones viables.
Pero, ¿cuál habrá de ser el escenario donde puedan encontrarse tales soluciones? Obviamente, la propuesta que aquí se presenta se encuadra dentro de una perspectiva republicana. Una salida a la grave crisis en que está sumida España sólo puede encontrarse en la República, como forma de Gobierno y como nueva forma de hacer política.
Si antes se venía a decir que necesitando España un Estado fuerte, que se anclara en la más amplia base democrática, era imprescindible un Jefe del Estado coherente con este planteamiento, es palmario que no se puede ir hacia una alternativa republicana sin una fuerte acción pro República. Y esta acción ha de impulsarla no sólo el albur de los acontecimientos y las improvisaciones, históricamente habituales en situaciones de profunda crisis, sino que ha de promoverla una organización consciente de la gravedad de la situación y de las opciones para afrontarla positivamente.
Es decir, es preciso, ante la degeneración de los partidos actuales, abrumados por los problemas que exceden su capacidad para resolverlos, crear uno nuevo, un partido puramente republicano que sea capaz de diagnosticar, sin prejuicios ni tabúes, los actuales «males de la patria», de encararlos adecuadamente y de ofrecer soluciones válidas.
Un partido que sea, como se decía antes, «intransigente» con la corrupción, con el alejamiento de las instituciones de los intereses y anhelos de los ciudadanos, con la dejación de la responsabilidad, con la adulteración de la democracia, con todos los vicios denunciados; una formación que apele, para la acción política, a la reflexión, a la deliberación, a la participación, en suma, a las mejores virtudes cívicas para sacar a nuestro país del atolladero en que está postrado.
Creo que, de acuerdo con lo proclamado, hay un espacio político, un hueco evidente para un partido como el que se propone.
Si así fuere, se nos dirá, ¿por qué no se ha formado ya? Si esto está tan claro, ¿por qué no está operando tal alternativa?
Pues, fundamentalmente, porque las instituciones y las personas que tienen el poder real o «fáctico» en el status quo actual, si bien son incapaces de ofrecer salidas y de hallar soluciones, sin embargo, sí son fuertes a la hora de defender posiciones y privilegios y poner barreras a todo cambio.
En primer lugar, los medios de comunicación de masas son prácticamente unánimes en defender la situación actual, de la que obtienen generosas recompensas y buena financiación. No hay apenas voces críticas, planteamientos lúcidos que lleguen a oírse o a verse impresos. Son silenciadas y eliminados. No llegan a superar el «muro mediático», la barrera invisible de la que se rodean los políticos y actores sociales que gozan de los privilegios ofrecidos a los fieles cortesanos y pretorianos.
En segundo, lugar, financiación. El sistema de partidos en España es tan oligárquico que la formación de un partido requiere ingentes fondos de los que sólo disponen los partidos integrados en el sistema a través de la financiación pública y abundantes donaciones privadas, que responden a intereses muy concretos, es decir, a «inversiones» empresariales que esperan buenas contraprestaciones.
En tercer lugar, la manifiesta pereza de nuestro pueblo a comprometerse políticamente, la falta de costumbre a la hora de actuar en política, de movilizarse, si ello requiere un esfuerzo. Pereza y falta de costumbre como resultado de la actuación eficaz de los que se benefician de la pasividad y abulia de los ciudadanos.
Además hay que considerar la acción directa del establishment tendente a eliminar posibles nuevos actores en un reparto ya establecido. No hay sitio para actores nuevos y menos con ideas radicales.
Las maniobras de asfixia son brutales. No hay más que ver, en este sentido, lo que está pasando ante la aparición de un nuevo partido que está cobrando cierta fuerza y ocupando un espacio electoral ya significativo, Unión, Progreso y Democracia.
Inicialmente fue acogido con cierta simpatía entre algunos medios, que pensaron que dándole favorable trato debilitaría al partido político que está ahora en el poder. Cuando se pudo comprobar que el origen de los votos de esta formación distaba de estar tan claro y que obtenía apoyo de tirios y troyanos, todos éstos se han confabulado para «ningunearlo», comprendiendo que puede introducir elementos no controlables por el estatus actual.
Si se ha sacado a colación UP y D es para demostrar la enorme dificultad de hacerse un hueco en el esquema de partidos actual, blindado «mediáticamente».
Este incipiente partido ofrece puntos interesantes y aun plausibles, pero adolece de un defecto grave que hará, en nuestro pronóstico, que su avance, ahora muy pujante, no tenga, probablemente, demasiado recorrido a largo plazo, y es el hecho de que su acción política se inscribe dentro de los parámetros del sistema actual, en el más estrecho «constitucionalismo», sin que sus líderes, errando el juicio, hayan llegado a comprender que el régimen político actual, como decíamos arriba, ha agotado todo su potencial constructivo, tornándose disfuncional para asegurar el progreso de la sociedad española.
Es posible, no obstante, que el desarrollo de la propia dinámica del sistema y los acontecimientos obliguen a los dirigentes de UP y D a ir más allá en su actual reflexión política y entiendan la raíz de los graves problemas estructurales de la vida política española.
Según el cuadro presentado, hay un gran espacio potencial para el desenvolvimiento de un movimiento republicano, y este movimiento es preciso que sea impulsado, no sólo por amplias capas de la población, sino, de forma más activa, por un instrumento políticamente más eficaz, es decir, un partido.
¿Cuáles habrían de ser las ideas del partido que se propugna?
En primer lugar, parece perogrullesco decirlo, pero es necesario: Ha de defender, como forma de Estado una República, mejor presidencialista o semipresidencialista, por la necesidad de fortalecer la figura del Jefe del Estado.
Mejor una República unitaria apropiadamente descentralizada o federal cooperativa, con competencias fundamentales asignadas al «Estado Central» que una cuasi confederal.
Una República con un fuerte componente social, en la que, en la medida en que lo permitan las posibilidades económicas, se amplíe el Estado de Bienestar, se mejoren servicios públicos esenciales para la salud de la comunidad política: justicia, educación, sanidad, pensiones, atención a desfavorecidos, etc.
Para ello, se precisará, por una parte, la máxima eficacia y eficiencia de la Administración del Estado, y por otra, el concurso, a través del esfuerzo fiscal apropiado, de las clases más favorecidas, a los que se les garantizará el derecho a la iniciativa empresarial privada y a la libertad de mercado, pero bajo el condicionamiento de la inexcusable función social de la propiedad de los recursos económicos, sometidos siempre al bien común.
Una República en la que se haya separado la actividad política de cualesquiera privilegios, por razones religiosas o de otra índole.
Una República en la que se favorezca el florecimiento de la sociedad civil, en la que se prime el debate, la discusión, la participación en todas las esferas de la sociedad, en la que los ciudadanos no se vean constreñidos a la hora de expresar sus opiniones, sus opciones, sus intenciones asociativas, etc.
Una República que cuide de ejercer su función educadora, que fomente las virtudes públicas, el civismo, que vele por la cohesión social y territorial, que promueva valores positivos y que, al mismo tiempo que contrarreste nacionalismos excluyentes, construya un verdadero «patriotismo constitucional».
Patriotismo constitucional en su auténtico sentido de afección o adhesión a la comunidad política, en cuanto esté personificada jurídicamente por un Estado que desarrolle un buen gobierno, que garantice amplias libertades, que provea más altas cotas de justicia social y de solidaridad, más elevados niveles de bienestar; más facilidades para que los ciudadanos desarrollen sus proyectos personales sin sumisión a poderes injustificados, etc.; es decir, una integración política no basada en un nacionalismo irracional, monolítico y sectario, sino en el lema tan conocido como poderoso para determinar políticas públicas concretas: libertad, igualdad y fraternidad.
Estamos seguros que un movimiento republicano que abrace los principios señalados anteriormente y ponga en su bandera el citado lema podrá tener un brillante futuro, si es capaz de sintonizar con los sentimientos y las ideas de muchos buenos ciudadanos que, conscientes de la gravedad de la situación actual y deseosos de encontrar vías para dejarla atrás, se vean animados a la acción política constructiva para avanzar en la búsqueda de un futuro mejor para todos.
Consecuentemente, me permito, desde aquí, considerando y comprendiendo la escasa dimensión del republicanismo español actual, pero también el enorme espacio que las corrompidas instituciones actuales están dejando a un movimiento regenerador, que sólo puede tener las características del republicano, a fundar un nuevo partido que ocupe el lugar en el espectro político español que, histórica y legítimamente, le corresponde.
Amigos republicanos: contra el pesimismo de la razón, ¡el optimismo de la voluntad! Salud y República.
