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miércoles, 20 de febrero de 2013

Sólo una constituyente nos salvará


Alberto Montero Soler*


11/02/2013

¿Puede empeorar aún más la situación económica, social y política en este país? Sí, perfectamente; es más, lo previsible es que siga deteriorándose todo mucho más si no le ponemos remedio cuanto antes.

Si miramos los indicadores económicos las perspectivas son terriblemente desesperanzadoras: el crecimiento económico, fuente de creación de empleo y riqueza, ni está ni se le espera (el PIB cayó el año pasado un 1,4% y las expectativas son de que caiga aún más este año, por mucho que el gobierno diga lo contrario); el desempleo está a punto de superar ya los 6 millones de parados y no es mayor debido al descenso de la población activa provocado tanto por la emigración como por la renuncia de decenas de miles de personas a buscar empleo ante la imposibilidad de encontrarlo; mientras miles de millones de euros siguen llegando a la banca para rescatarla, ésta mantiene cerrado el grifo de la financiación para las familias y las pequeñas y medianas empresas condenándolas a la insolvencia y a la quiebra cuando no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras. Así que sí, previsiblemente todo irá a peor porque no hay en el horizonte ningún cambio que permita enderezar el rumbo de una nave que se va a pique sin remedio.

Por otro lado, el reflejo que nos devuelve la realidad económica en términos sociales es el de un sufrimiento social sin parangón en nuestra historia reciente y sólo asimilable a la de otros países de la periferia europea que cometieron la torpeza de insertarse en un marco económico para el que no estaban preparadas y que, en estos momentos, ahoga como la soga del ahorcado. El incremento de la pobreza; los dos millones de familias con todos sus miembros en desempleo; la agresión salvaje contra los derechos sociales; la guadaña de los recortes aplicada contra los más débiles, los más indefensos, los que más necesitarían de un Estado protector y se ven enfrentados a la crueldad de unos gobernantes que están dispuestos a sacrificarlos en aras de una austeridad que cada día exige nuevas víctimas, son algunas de las expresiones de ese sufrimiento social.

Y, finalmente, y cuando más se necesitaría altura de miras, tenemos secuestrada la democracia por una casta política que, ante el derrumbe generalizado, se encuentra atrincherada viendo cómo de debajo de las piedras salen sus miserias y cómo, al negarlas en un ejercicio infantil, insultan la inteligencia de la ciudadanía.

Este país no tiene futuro en manos de esta casta política que ha utilizado el poder para acumularlo y apropiarse, a su través, de gran parte de la riqueza generada entre todos; una casta que difunde una ética de la culpa como si todos tuviéramos el mismo grado de responsabilidad que ellos en el estado actual de la situación económica y social; una casta que ha puesto las instituciones del Estado al servicio de sus intereses y de su supervivencia; una casta que no nos representa porque nadie puede sentirse representado por aquellos a quienes no puede controlar ni exigir responsabilidades directas. Y es que, cuando el sistema no ofrece mecanismos de control democrático y popular del poder político, no basta con cambiar a los representantes, hay que cambiar el sistema en su conjunto.

Frente a este estado de cosas, el marco constitucional de 1978 se ha demostrado incapaz de permitirle ningún tipo de salida verdaderamente democrática a la ciudadanía. Es entonces cuando descubrimos que llevamos décadas viviendo en una ratonera: necesitamos recuperar un poder político que nos ha sido arrebatado, si es que alguna vez fue nuestro, para poder modificar el sistema. O, dicho en términos casi paradójicos, necesitamos una toma democrática del poder para conseguir avanzar hacia una verdadera democracia.

Porque, además, creo honestamente que sin un cambio radical de las reglas de juego, sin superar la Constitución en vigor mediante un proceso constituyente realmente democrático y no controlado desde las actuales instancias del poder político y económico que han pervertido el sentido último de la democracia, la salida de esta crisis resultará imposible.

Debemos resistirnos, por tanto, ante los cantos de sirenas de quienes claman por activar un proceso constituyente desde los partidos políticos institucionales insertos en la lógica del sistema. No puedo ni quiero dudar de la honestidad y la buena voluntad de la mayor parte de sus militantes y de sus dirigentes, sería absurdo hacerlo; pero sí me permito dudar de la lógica partidista que se impone sobre esa buena voluntad buscando la mera supervivencia de las estructuras de poder. Por lo tanto, sólo habrá garantías de que el proceso será realmente democrático si no resulta cooptado por la clase política actualmente en el poder.

Ello nos obliga a exigir que el poder constituyente se active desde un frente constituyente que aglutine a todas aquellas personas que, con independencia de su ideología o su afinidad política, entiendan que la democracia, el verdadero valor superior, nos ha sido hurtada por quienes se dicen nuestros representantes. Sólo desde la unidad de acción ciudadana en la denuncia y expulsión de esta casta política y en la propuesta por un proceso constituyente podrá alumbrarse una verdadera Constitución democrática para este país que permita desterrar para siempre los vicios institucionales y procesales promovidos por la moribunda Constitución de 1978, concebida al calor y bajo el dictado de la larga sombra del régimen franquista.

Esto constituye, por lo tanto, un llamamiento a todas las personas demócratas de este país, animándoles a la unidad de acción porque el tiempo se nos acaba: la velocidad a la que se derrumba el sistema acabará por llevarle a plantear un proceso constituyente gatopardiano, destinado en su apariencia a cambiarlo todo para que, precisamente, todo siga igual. No podemos tolerar que eso ocurra; no podemos permitir que quienes detentan ahora el poder vuelvan a dejarlo todo atado y bien atado. A nosotros, como pueblo, nos corresponde la iniciativa y el derecho a regenerar democráticamente este país. Que no nos roben también eso.


* Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales)

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