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jueves, 18 de junio de 2009

Declaración de UCR (02/06/09)


Ante el procesamiento de José Antonio Barroso y ante la querella interpuesta contra el juez Garzón por intentar investigar los crímenes de lesa humanidad del franquismo

Unidad Cívica por la Republica

2 de Junio de 2009

El proceso judicial penal contra el Alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, y el juicio al que se le pretende someter el día 2 de junio a las 11 horas en la Audiencia Nacional, constituyen un ejemplo de las graves insuficiencias de nuestra democracia. Pues se diría que la Justicia, igual que en otros conocidos casos, se mueve por motivos políticos, esto es, viste con ropaje jurídico lo que son decisiones políticas.

Se quiere castigar e inhabilitar a Barroso --y quizá también castigar a los puertorrealeños por haberle elegido democráticamente desde hace tres décadas-- debido a haber reproducido lo ya escrito y publicado en libros y periódicos por historiadores e informadores, en particular el enriquecimiento dudoso y opaco del monarca, sin que obste el que Barroso aporte ante el juez dichos libros y periódicos. Cuyos autores, por ende, no han sido objeto de reproche o condena penal. ¿No consagra el Artículo 14 de la Constitución (el primerísimo del Capítulo “Derechos y libertades fundamentales” del Título I de la misma) la absoluta igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna?

¿Es ésta la misma vara de medir justicia que la aplicada cuando el diputado Joan Tardà, en un discurso público de hace medio año, gritó “¡Muerte al Borbón!”? ¿Tienen noticia, los dignos jueces actuantes en el caso de este alcalde gaditano, de la aberrante degradación jurídica conocida como “Derecho penal de autor”, que pisotea el mencionado Artículo 14?

¿Y qué decir de que el juez de la Audiencia Nacional haya admitido las pruebas alegadas por el Fiscal para acusar en juicio al Sr. Barroso, y en cambio no admita ni la prueba documental 2ª ni la testifical que ha propuesto Barroso para poder defenderse? Con la testifical, en particular, el alcalde Barroso pretende que varias personas que han hecho públicas, en libros y medios de comunicación, diversas actividades crematísticas de Juan Carlos de Borbón, declaren en el juicio cuáles son sus bases y fuentes de conocimiento al respecto. ¿Hay temor a estas declaraciones, “temor político”? Da impresión de que se maneja por el juez un concepto de prueba “pertinente” con formato de embudo.

Preocupa igualmente a muchos ciudadanos y ciudadanas que coincida este juicio a José Antonio Barroso con la admisión por el Tribunal Supremo de la querella contra el juez Garzón interpuesta por un sindicato nostálgico de la dictadura y genocidio franquista. Dicen estos “sindicalistas”, aplaudidos jubilosamente por el PP, que Garzón sabía que no era competente para investigar los crímenes de lesa humanidad del franquismo, y que, por tanto, prevaricó al considerarse competente. El PP no da importancia a que Camps, Fabra, etcétera estén imputados como supuestos “trincones”, incluso les llama “ciudadanos ejemplares”. Pero descorcha cava si imputan a Garzón por su honrosa labor de destapar los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la batuta de personajes como su actual “presidente fundador”. Por su intento de hacer cierta la “tutela judicial efectiva” prescrita en el Art. 24 de la Constitución.

Hay un sector de la judicatura, bien conectado con la derechona política, que a Garzón lo echaría si pudiese a los tiburones. Y hay unos jueces que irían al infierno, si lo hubiese, por decir --para cerrar el paso a la investigación judicial de Garzón-- que el golpe de estado de 1.936 y la guerra contra el legítimo Gobierno republicano no fue un delito contra altos organismos de la nación y contra la forma de gobierno. Son jueces a los que sólo gusta juzgar a perdedores, como Saddam Husein, Milosevic, o los militares españoles vencidos por Franco, Hitler y Mussolini. Pero no juzgar a los ganadores. Quizá por eso, también, el Tribunal Supremo ha dinamitado la querella presentada por Carmen Negrín contra los diez magistrados que hicieron descarrilar la citada investigación garzoniana. Hay jueces y políticos, en fin, que creen que los asesinados por los “vencedores” contra media España, y enterrados sin nombre en fosas comunes por zanjas y barrancos, tienen, como dice la Asociación por la Memoria y la Justicia de Salamanca, el mismo status que los enterrados en las fosas de Atapuerca.

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