Ignacio Escolar
Público
14/01/2010
Por si aún había alguna duda sobre el origen, la intención y el motivo del proceso contra Baltasar Garzón, la Falange Española de las JONS se ha personado en el caso para dejar las cosas claras, meridianas, de un rojigualda nacional que es casi transparente. El origen es la extrema derecha, en extrañas alianzas. La intención es acabar con la carrera de Garzón, ese incómodo juez ingobernable. El motivo es haber pisado el jardín secreto de la Transición, ese tabú que en Chile retrató el propio Pinochet: “Yo no amenazo, no acostumbro amenazar. Sólo advierto una vez: el día que me toquen a alguno de mis hombres, se acabó el Estado de derecho”.
El Estado de derecho también se acaba en España cuando alguien mira bajo la alfombra de la dictadura. “¿Cómo se explicaría, por ejemplo, en Alemania, que se tramitara una querella del partido neonazi contra un juez que hubiera intentado investigar los crímenes del nazismo?”, se pregunta el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda. La respuesta no es nada retórica: Spain is tan different que aquí las perdices disparan a las escopetas, y son los herederos políticos de los criminales quienes procesan al que se atreve a investigar aquellos crímenes. Para dar ejemplo.
Pero la nueva querella de Falange también tiene su lado bueno: un enorme valor simbólico. Ha dejado en evidencia al Tribunal Supremo, que la recibió el 1 de septiembre, pero ha tardado meses en responder porque ninguna opción era buena. No podía rechazarla porque es casi idéntica a la que presentaron las organizaciones ultras Manos Limpias y Libertad e Identidad. Pero aceptarla, como finalmente ha hecho, es casi peor para esos magistrados que comparten la toga con la Hermandad del Valle de los Caídos. La venganza es más eficaz cuando se disfraza de justicia ciega.
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