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domingo, 16 de mayo de 2010

Baltasar Garzón, última víctima del franquismo


El jurista intentó llevar a cabo la investigación sobre las más de 100,000 desapariciones a manos de los franquistas durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Panamá América

15/05/2010

Después de 22 años trabajando al frente del Juzgado de Instrucción número cinco, el juez Baltasar Garzón abandonó ayer, entre lágrimas, la Audiencia Nacional española, desde que persiguió al ex dictador chileno Augusto Pinochet, a represores de la dictadura argentina, a terroristas y a narcotraficantes.

Y desde que también intentó, sin éxito, investigar uno de los episodios más oscuros de la historia de España: las más de 100,000 desapariciones a manos de los franquistas durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Eran cerca de las dos de la tarde cuando el juez, de 54 años, salió del tribunal por la puerta principal.

Poco antes, y mientras tomaba declaración a un imputado, le habían comunicado por teléfono lo que se sabía de antemano que iba a ocurrir.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió suspenderlo cautelarmente, después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, abriese el miércoles juicio oral contra él por presunta prevaricación intencionada en la investigación de los crímenes franquistas. Garzón debía abandonar “de forma automática” la Audiencia Nacional.

Jueces, fiscales y otros funcionarios se reunieron en la puerta de la audiencia, muy cerca del Supremo, en el que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, para despedirlo con aplausos, abrazos y ovaciones, junto a ciudadanos anónimos congregados allí para expresarle su solidaridad y apoyo.

“Garzón, amigo, el pueblo está contigo”, le gritaron.

Su mujer, Rosario Molina, había acudido al lugar de trabajo de Garzón para acompañarlo en el trance. El juez pretendía meterse con ella en el auto oficial, pero la emoción se impuso.

Y Garzón rodeó el vehículo para fundirse en abrazos con compañeros como los magistrados Fernando Andreu y Santiago Pedraz y con ciudadanos que se decían “consternados” por la suspensión del único juez que tuvo “en cuenta a las víctimas” del franquismo.

Para entonces, las sonrisas de agradecimiento en la cara del juez se habían convertido ya en mueca que trataba de evitar, sin éxito, las lágrimas.

Prácticamente a la misma hora, el ultraderechista Miguel Bernad, secretario general del autodenominado sindicato Manos Limpias -no cuenta con representación en ningún centro de trabajo de España-, anunciaba en rueda de prensa el “triunfo de toda la sociedad”. La suspensión de Garzón, dijo, demuestra que “nadie está por encima de la ley”.

Las acusaciones sostienen que Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Como castigo piden que sea inhabilitado durante 20 años.

Opiniones.

“El hecho de que aparten del ejercicio de su profesión al juez Garzón, o cualquier a otro juez, por pretender enjuiciar los crímenes de la dictadura franquista, me provoca una desasosegante desconfianza en nuestro sistema judicial”, aseguró el cineasta Pedro Almodóvar en una de las primeras reacciones del mundo de la cultura, en el que un sector lleva semanas apoyando públicamente al juez.

Plataformas culturales en apoyo de Garzón y en defensa de las víctimas del franquismo ya han convocado una oleada de actos en solidaridad con el magistrado.

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