José Castilla Gonzalo, ante el retrato de su padre, fue el primero en acogerse a las ayudas por reparación de la Ley de la Memoria Histórica. Ruiz de Almodóvar.
El asalto al Gobierno Civil el 20 de julio de 1936 descabezó el poder republicano y abrió un proceso sumarísimo que días después acabó con el fusilamiento de la cúpula del Frente Popular en Granada.
SANTIAGO SEVILLA / ÁLVARO CALLEJA.
La Opinión de Granada.
Pasadas las seis de la tarde del 20 de julio de 1936, veinte efectivos de la Guardia de Asalto republicana custodian desconcertados el Gobierno Civil (actual Facultad de Derecho), el gran objetivo de los sublevados una vez conseguida ese mismo día la adhesión de los cuarteles de la plaza. De un momento a otro, los militares y las fuerzas de Falange aparecerán por la calle Duquesa. En su interior, el gobernador civil, César Torres, preside desde la mañana un desesperado comité permanente del Frente Popular, que a esas alturas dispone ya de poco margen para hacer frente a la cascada de adhesiones que reciben los sublevados entre los elementos militares de la ciudad, pese a los intentos del general Campins, gobernador militar, de mantenerlos leales al gobierno.
"Que los procesados (…) durante los días que precedieron a la declaración en esta ciudad del estado de guerra y muy especialmente la semana anterior a esta fecha, como integrantes del comité llamado Frente Popular, excepto Marín Forero que lo era del Socorro Rojo Internacional, venían preparando un amplio movimiento subversivo, como cooperación del que se tramaba en toda España tendente a implantar en nuestra ciudad y por medio del terror las tendencias ruso-marxistas más avanzadas…"
El proceso sumario incoado por la autoridad militar contra la cúpula del Frente Popular dejó a éste poca posibilidad de defensa. Sólo el gobernador civil encontrará un resquicio para evitar la pena capital. Así, acusados de un delito de rebelión, fueron juzgados el 1 de agosto el propio César Torres, el presidente de la Diputación, Virgilio Castilla, el jefe de Obras Públicas, Juan José Santacruz, el dirigente de Socorro Rojo Internacional y ex concejal, Enrique Marín Forero, el sindicalista de UGT y trabajador retirado de la fábrica de pólvoras, Antonio Rus Romero, y el ex cenetista José Alcántara García. Todos ellos se encontrarían en los calabozos, entre otros, con el alcalde, Manuel Fernández Montesinos, arrestado esa misma tarde en su despacho del Ayuntamiento de Granada, que ocupaba hacía apenas una semana.
"…valiéndose de las prerrogativas y medios que les confirieron sus cargos públicos, que algunos de los procesados detentaban, y su carácter de dirigentes políticos en posesión del mando civil, proporcionaron armas a todos los elementos extremistas de la provincia, trasmitiéndoles órdenes de exterminar a cuantos elementos armados, fuerzas públicas y de orden pudieran oponerse al iniciado movimiento…"
El caso es que las escuadras falangistas se adelantaron a la decisión del general Campins de armar a las Juventudes Socialistas, a las milicias comunistas y anarquistas, y a primera hora de la tarde del 20 de julio lograron hacerse con el control de Los Mondragones y salir armados a las calles con el comandante Valdés al frente. Para entonces, el capitán Nestares domina la comisaría de Vigilancia y Seguridad, frente al Gobierno Civil, y ha paralizado la entrega de armas a milicianos destinados a marchar sobre Córdoba. A esa hora, cuatro y media de la tarde, según escribe Rafael Gil Bracero en el volumen La Guerra Civil en Andalucía Oriental 1936- 1939, "el Frente Popular, sin armas, ya no tendrá oportunidad de reaccionar en cuanto las tropas ocupen sus primeros objetivos".
"…llegando incluso a organizar una columna con elementos extremistas previamente armados para marchar sobre Córdoba o Jaén, cuya columna por haberse declarado el estado de guerra en esta plaza no pudo salir a su objetivo, haciendo armas en nuestra ciudad (…) manteniendo un constante estado de agitación tanto en la plaza como en bastantes pueblos de la provincia, mediante un intenso tiroteo a discreción contra las fuerzas leales, que ha ocasionando bastante número de bajas, tanto en la población como en la militar…"
En el interior del Gobierno Civil se encuentra el teniente de la Guardia de Asalto, Rafael Martínez Fajardo, que cuando aparecen por allí los militares sublevados y escuadras falangistas se une a ellos y evita que sus hombres hagan fuego en defensa de la República. La tropas toman el edificio sin apenas resistencia. Se oyen disparos aunque no se registran víctimas. El presidente de la Diputación, Virgilio Castilla, lleva un arma en la mano cuando el comandante Valdés sube por las escaleras para ocupar el poder civil de la provincia. Según el atestado, la declaración de Valdés, la acusación del fiscal y la sentencia, Castilla disparó contra Valdés sin acertarle antes de ser reducido y detenido.
"Los mencionados procesados, fuertes en las dependencias del Gobierno Civil, en cuyos locales tenían establecido el centro de donde emanaban las órdenes a los distintos elementos extremistas que operaban en la plaza y en la provincia y desde cuyo centro se dirigía el movimiento extremista, excitaron a la policía gubernativa a que hiciera fuego contra el Ejército y demás milicias armadas, cuando éstas marcharon a incautarse de él…"
Durante la rápida instrucción de la causa, los seis acusados negaron los cargos. El más vehemente en su defensa fue el ingeniero Juan José Santacruz, porque no estaba en el Gobierno Civil cuando llegaron los falangistas y los soldados de Artillería. El jefe de Obras Públicas insiste reiteradamente durante el proceso que ya no era miembro del Frente Popular y que no intervino en ninguna trama para armar a milicias subversivas. Esa tarde Santacruz –que diseñó la carretera a Sierra Nevada y el puerto de Motril– estaba en el estudio de pintura de su hija en la calle Molino de Corteza del Carmen y de allí se marchó a su domicilio en Plaza Nueva 2, donde a las dos y media de la madrugada fue detenido. Su abogado se quejaba amargamente en el escrito de defensa: "hechos todos que hubiéramos demostrado plenamente si la denegación de la prueba propuesta –declaración de los agentes que lo detuvieron– no hubiera dejado a nuestro patrocinado en el estado de indefensión en que la aludida negativa le sitúa".
"…pero entonces, o sea en el momento en que las mencionadas fuerzas entraban en el Gobierno Civil, el procesado Virgilio Castilla salió hacia las escaleras de dichas dependencias y llevando una pistola en la mano disparó con ella al comisario de Guerra señor Valdés, no haciendo blanco, y siendo detenido y desarmado por el mencionado comisario…".
Virgilio Castilla declaró que desconocía que se hubiese declarado el estado de guerra y que exhortó a la guardia de asalto a no disparar contra el ejército que se aproximaba al Gobierno Civil; admitió que efectivamente encontró un arma en el edificio pero que, lejos de hacer uso de ella contra Valdés, se la entregó al capitán Nestares y proclamó su disposición en todo momento a "conservar y hacer conservar el orden". Antonio Rus declaró haber acudido al Gobierno Civil a recibir órdenes sobre una columna de milicianos que debía marchar sobre Córdoba, añadió que el gobernador civil dejó claro a las tropas que custodiaban el edificio que debían disparar contra los asaltantes y que vio a Castilla con un arma en la mano aunque no pudo precisar si la disparó. Enrique Marín Forero, ex concejal del Ayuntamiento de Granada, fue confundido con su hermano, que trabajaba en el Gobierno Civil, pero a pesar de ello fue acusado de conspirar igualmente desde el Consistorio. Reconoció que en el Ayuntamiento "se había oído" algo sobre la constitución de una columna para marchar sobre Córdoba.
"…procediendo a la detención de los que allí se encontraban rodeando y asesorando al gobernador civil de entonces, César Torres, el que actuando en cumplimiento de las órdenes que recibía constantemente del Ministerio de la Gobernación de Madrid, tanto telefónicas como por radio, dirigía la formación de la columna y se preparaba para cumplimentar la orden que acababa de recibir del mencionado ministerio de llamar a los mineros de Alquife mandándoles venir a la ciudad con cuanta dinamita pudieran encontrar. Orden que comunicó el precitado ministro repetidas veces. Hechos que se declaran probados."
El gobernador César Torres evitó la pena de muerte al aceptar el tribunal que siempre actuó acatando órdenes del Gobierno de Madrid. Aportó eso sí datos sobre la aparición en su despacho de unas supuestas listas negras de militares y falangistas. Torres salió del paso asegurando que en realidad eran dos listas, una de oficiales a los que el Frente Popular quería trasladar a otras plazas, y otra de falangistas que, en caso de levantamiento popular, serían detenidos preventivamente para salvaguardar su integridad.
"…debemos condenar y condenamos a los procesados Virgilio Castilla Carmona, Juan José Santacruz y Garcés, José Alcántara García, Antonio Rus Moreno y Enrique Marín Forero como autores de un delito de rebelión a la pena de muerte; al procesado César Torres Martínez, como autor del mismo delito de rebelión, apreciada le ha sido una atenuate –la de obediencia debida–, a la pena de reclusión militar perpetua…".
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